El gremio de los municipales de la ciudad de Córdoba ratificó su decisión de presentar una denuncia penal contra el intendente Ramón Mestre y contra el secretario general de la Municipalidad, Daniel Arzani, por la difusión de la lista de sueldos de los empleados, y resolvió además continuar hoy con asambleas en todas las reparticiones. La demanda sería presentada a las 13 en Tribunales II, si el sindicato llega a tiempo.
Tras una prolongada deliberación, la asamblea del cuerpo de delegados encabezada por el titular del Suoem, Rubén Daniele, aprobó la presentación de una denuncia penal contra Mestre y contra Arzani por la supuesta violación del inciso 2 del artículo 157 bis del Código Penal.
La presentación la realizarán el abogado y exfuncionario delasotista Félix López Amaya y el letrado del gremio, Roberto Nágera
El inciso del artículo que se invoca prevé prisión de un mes a dos años “a quien ilegítimamente proporcionare o revelare a otro información registrada en un archivo o en un banco de datos personales, cuyo secreto estuviere obligado a preservar por disposición de la ley”.
La ley a la que se hace referencia es la 25.326, de protección de los datos personales.
La difusión pública de la nómina completa de empleados municipales y una referencia sobre sus salarios básicos generaron un nuevo conflicto entre la Municipalidad de Córdoba y el gremio. Los sueldos netos son 86,5 por ciento superiores a los de los municipales rosarinos.
Ayer se realizaron asambleas de dos horas por turno, las cuales resintieron la actividad en los CPC, en el Palacio 6 de Julio y en las escuelas municipales.
La protesta seguirá. Hoy se prevén asambleas de dos horas por turno y, el martes, una asamblea general en el Palacio 6 de Julio.
“Nos vamos a ver en la Justicia y en la calle, porque la gente está muy caliente”, dijo el viernes pasado el titular del Suoem, Rubén Daniele.
Los asesores legales del gremio interpretan que la ley 25.326 reglamenta el artículo 53 de la Constitución, que prevé el habeas data , y consideran que el municipio ha violado la ley al difundir datos personales de sus empleados.
La misma norma fija una pena de inhabilitación especial de 1 a 4 años en caso de que el autor del delito sea funcionario público.
En esto Daniele fue categórico. “No nos afecta y hasta nos parece bien que difundan lo que ganamos y cuánto es el gasto salarial. El problema son los datos personales”, dijo en referencia a nombre, apellido y DNI de cada agente, que están subidos al portal gobiernoabierto.cordoba.gob.ar.
Paralelamente al planteo judicial, el Suoem dice que iniciará un proceso para intimar a que el municipio “baje” de su página en el término de cinco días los datos personales de sus agentes.
Esa intimación se presentará hoy. Los asesores legales del gremio plantean que, si el recurso administrativo no prospera, dejarán correr los plazos procedimentales y, en seis días hábiles, presentarán entonces una demanda civil en tribunales para reclamar que la base de datos se quite de internet.
Esa estrategia gremial está enfrentada con la decisión de Mestre, quien a traves de un spot televisivo reivindicó como herramienta republicana la difusión plena de datos de la administración y también invocó la ordenanza de acceso a la información pública que obliga a hacer públicos esos datos. Mestre tuvo el apoyo del ministro de Modernización, Andrés Ibarra.
La Voz del Interior
