El legislador Gustavo Tévez presentó un proyecto para fijar requisitos técnicos, sanitarios y de seguridad en los centros que brindan esta terapia, buscando además el bienestar animal y la cobertura de obras sociales
La equinoterapia en la provincia de Córdoba está cerca de dar un salto histórico hacia su regulación y reconocimiento formal. El legislador provincial Gustavo Tévez presentó un proyecto de ley que busca, de manera definitiva, establecer un marco regulatorio integral para esta actividad terapéutica en todo el territorio cordobés. La iniciativa legislativa ya dio su primer paso formal al tomar estado parlamentario, y su próximo destino será el debate y análisis minucioso en el seno de la comisión de Salud.
El impulso de esta normativa no nació detrás de un escritorio, sino del contacto directo con las realidades de la región. Días atrás, el propio Tévez visitó las instalaciones de la escuela de equinoterapia «El Andar», ubicada en la ciudad de Morteros. Durante esa recorrida, el legislador pudo palpar de cerca el enorme impacto de la disciplina, destacando abiertamente el valioso aporte que esta práctica «representa para las personas con discapacidad y también para sus familias y su entorno».
Seguridad, bienestar animal y el respaldo de las obras sociales
El proyecto de ley es ambicioso y apunta a ordenar la actividad bajo parámetros estrictos y profesionales. La propuesta tiene como eje central «fijar requisitos para los centros que brindan el servicio, contemplando aspectos técnicos, sanitarios y de seguridad».
Para que la normativa cuente con un sólido respaldo técnico, Tévez articuló mesas de trabajo junto al Colegio Médico Veterinario. El objetivo de esta alianza fue establecer criterios sumamente claros vinculados a:
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El bienestar animal.
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Las condiciones generales de funcionamiento de los predios.
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Los protocolos de derivación médica.
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La cobertura mediante distintos seguros.
Más allá de los límites provinciales, la iniciativa tiene una mirada estratégica a largo plazo. Apunta decididamente a «fortalecer el desarrollo de la actividad y acompañar el avance de una ley nacional«. El fin último de este engranaje legal es el más esperado por las familias: lograr que los diferentes centros puedan, finalmente, «acceder a convenios con obras sociales para la cobertura de las prestaciones», garantizando así la accesibilidad democrática a una terapia que transforma vidas.
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