Evelio Horacio «Yiyo» Ramallo, detenido en la cárcel de Ezeiza, inició una huelga de hambre en protesta contra la implementación de la Resolución 35/2024 del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Esta normativa introduce el Sistema Integral de Gestión para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo en el Servicio Penitenciario Federal, restringiendo las visitas íntimas y conyugales.
Ramallo comunicó su decisión mediante una audiencia virtual con el Juez Federal subrogante y Secretario autorizante del Juzgado Federal de San Francisco, Dr. Sergio Pinto, y su abogado defensor, Dr. Méndez. Durante la sesión, el detenido expresó su rechazo a la normativa que, según su testimonio, afecta sus derechos fundamentales al prohibir el contacto físico con su concubina y limitar las visitas de sus hijos. «Se rompe el vínculo con mi concubina y estamos haciendo los papeles para casarnos, pero ahora solo nos permiten vernos a través de un vidrio por una hora. Antes eran visitas normales de dos horas con contacto», señaló Ramallo.
El reclamo de Ramallo se fundamenta en la Ley de Ejecución Penal 24.660, que contempla el derecho de los internos a recibir visitas íntimas y familiares. «Llevo más de diecisiete años preso, pero jamás sentí que se me deteriorara la mente tan rápido. Me están deshumanizando. No puedo soportarlo más», afirmó durante la audiencia. Además, manifestó su angustia por no haber podido ver a sus hijos de cinco y once años en el último año y aseguró que la medida lo priva de cualquier vínculo afectivo.
El Dr. Méndez, su abogado defensor, anunció que presentará un escrito formal para solicitar la restitución de los derechos de su cliente y la revisión de la normativa implementada.
Las restricciones del Ministerio de Seguridad
La Resolución 35/2024 fue publicada el 5 de febrero en el Boletín Oficial y busca endurecer las condiciones de detención de internos considerados de alto riesgo. Según el Ministerio de Seguridad, estas medidas buscan «neutralizar las mafias intra carcelarias y controlar las visitas autorizadas» para evitar que los detenidos continúen operando desde prisión.
Entre los cambios más significativos se encuentran la reducción del contacto físico, la instalación de mamparas en las salas de visitas y el endurecimiento de los controles de seguridad para visitantes e internos. De acuerdo con el Servicio Penitenciario Federal, estas modificaciones responden a investigaciones que revelaron que algunos reclusos utilizaban a sus familiares y abogados como medio para transmitir órdenes al exterior.
A partir de esta disposición, los presos de alto riesgo podrán recibir visitas de hasta dos familiares directos mayores de 16 años y sus hijos menores cada 15 días, pero solo en locutorios sin contacto físico. También se contempla la implementación de nuevas tecnologías de monitoreo, como inhibidores de señal para celulares y videovigilancia en las áreas de contacto con el exterior.
Mientras tanto, Ramallo sostiene su protesta alegando que la medida es inconstitucional y vulnera sus derechos humanos. «Soy un preso, pero sigo siendo un ser humano. No pueden tratarme como un perro en la dictadura», concluyó.
