Tras la quinta Marcha Federal Universitaria, el Ejecutivo descartó abrir una nueva mesa de diálogo con los rectores y aseguró que la discusión pasará por el Congreso. Desde las universidades alertaron que, sin respuestas, el próximo año podría comenzar con un fuerte conflicto.
Luego de la quinta Marcha Federal Universitaria desde 2024, el Gobierno nacional ratificó su postura sobre el financiamiento de las casas de estudio y descartó iniciar nuevas negociaciones con las autoridades universitarias. En respuesta, representantes del sector advirtieron que la situación económica y el clima de tensión podrían poner en riesgo el desarrollo del ciclo lectivo 2027.
La movilización se realizó este jueves en distintos puntos del país, con la participación de estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, autoridades universitarias, organizaciones sociales, políticas y sindicales. El reclamo central fue la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la inclusión de mayores recursos en el Presupuesto 2027.
Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la convocatoria reunió a alrededor de un millón de personas. Sin embargo, la jornada también estuvo marcada por incidentes frente al Congreso, que terminaron con más de 30 detenidos y una denuncia del Ministerio de Seguridad.
Desde la Casa Rosada calificaron la protesta como una movilización “claramente política” y cuestionaron la participación de dirigentes partidarios y sindicales. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, también criticó los disturbios registrados durante la jornada.
El Gobierno descarta una mesa de diálogo
Fuentes oficiales sostuvieron que la movilización no modificó la postura del Ejecutivo y aseguraron que no está prevista una nueva instancia de negociación con los rectores. En cambio, plantearon que la relación con las universidades se trabajará de manera individual con cada institución.
La administración nacional indicó que la discusión por los recursos se dará en el Congreso, durante el debate del Presupuesto 2027. El proyecto oficial contempla cerca de $7,3 billones para las universidades, mientras que el CIN reclama más de $11 billones y presentó una propuesta ante diputados y senadores.
Desde el Gobierno defendieron la necesidad de mantener el equilibrio fiscal y sostuvieron que cualquier incremento del gasto debe contar con una fuente de financiamiento. En ese marco, buscarán acuerdos con bloques aliados y gobernadores para avanzar con el proyecto presupuestario.
Las universidades alertan por el próximo año
Desde el ámbito universitario manifestaron preocupación por la falta de respuestas y de interlocutores para resolver el conflicto. Además, advirtieron que podrían profundizarse las medidas de fuerza si no aparecen soluciones para afrontar las dificultades salariales y materiales.
Una fuente del sector describió la situación como una “olla a presión” y señaló que el problema podría afectar el inicio del próximo ciclo lectivo si no se resuelve durante los próximos meses.
Las autoridades universitarias también consideran que la discusión presupuestaria en el Congreso es una de las principales vías para alcanzar una solución, aunque reconocen que el camino judicial continúa abierto.
La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario
El conflicto se centra en la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, promulgada por el Gobierno luego de que el Congreso insistiera tras el veto presidencial. La norma contempla actualizaciones vinculadas con salarios y becas, pero su implementación quedó atravesada por la discusión sobre cómo financiarla.
En diciembre de 2025, la Justicia ordenó aplicar determinados artículos de la ley y la decisión fue ratificada por la Cámara. El Gobierno llevó el caso a la Corte Suprema, que rechazó el recurso el 25 de junio por no estar dirigido contra una sentencia definitiva. Posteriormente, un nuevo fallo ordenó cumplir la ley, aunque el Ministerio de Capital Humano apeló la decisión.
Mientras continúa la disputa judicial, las universidades apuestan a conseguir cambios en el Presupuesto 2027 con el respaldo de sectores de la oposición y algunos gobernadores. Si no logran una respuesta antes de fin de año, advierten que el próximo ciclo lectivo podría estar marcado por nuevas protestas y medidas de fuerza.
