Fotomultas: la Justicia Federal investiga a una universidad por un circuito millonario en Buenos Aires

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El Juzgado Federal N°1 de Tres de Febrero analiza el rol de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) en un esquema de fiscalización vial que involucraría a municipios, una fundación universitaria y empresas privadas. Un informe del Banco Central detectó además millonarias compras de dólares realizadas por instituciones vinculadas a la universidad.

La Justicia Federal de Tres de Febrero investiga el funcionamiento de un esquema de fotomultas en distintos municipios bonaerenses y puso bajo la lupa el papel que habría cumplido la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) dentro del circuito.

La investigación está a cargo del Juzgado Federal N°1 de Tres de Febrero, encabezado por el juez Juan Manuel Culotta, en el marco de una causa que analiza convenios de fiscalización vial y el destino de los fondos vinculados con el sistema de infracciones.

Uno de los elementos incorporados al expediente es un informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sobre operaciones de compra de moneda extranjera realizadas desde enero de 2020 por personas y entidades relacionadas con la causa.

Millonarias compras de dólares

Según los datos incorporados al expediente, la Universidad Nacional de San Martín realizó 291 operaciones de compra de moneda extranjera, por un equivalente de $804.823.422.

A esto se sumaron otras 170 operaciones realizadas por la Fundación Innovación de la UNSAM (FUNINTEC), por un equivalente de $149.507.313.

En conjunto, las operaciones atribuidas a ambas instituciones representan aproximadamente $954,3 millones en compras de moneda extranjera.

La compra de dólares, por sí misma, constituye una operación legal. Sin embargo, la Justicia busca determinar el origen y el destino de esos fondos y establecer qué relación tienen esas operaciones con el circuito económico investigado en torno a las fotomultas.

El circuito bajo investigación

La causa analiza convenios de fiscalización vial firmados entre la UNSAM y distintos municipios bonaerenses. Entre las localidades mencionadas en el expediente aparecen La Matanza, San Martín, San Isidro, Hurlingham, General Pueyrredón, Zárate, Olavarría, Roque Pérez, Junín y Morón.

De acuerdo con la hipótesis que analiza la Justicia, los municipios habrían celebrado convenios con la universidad para implementar los sistemas de control y luego la FUNINTEC habría intervenido en la ejecución de esos acuerdos.

A su vez, distintas actas complementarias habrían derivado tareas técnicas, administrativas y logísticas hacia empresas privadas.

La investigación busca establecer si la universidad tuvo un papel estrictamente académico y de gestión o si habría funcionado como intermediaria institucional para facilitar la participación de compañías privadas en el negocio de las infracciones.

El vínculo con Tránsito Seguro

Uno de los nombres que aparece en el expediente es Tránsito Seguro S.A., señalada como una de las principales empresas privadas subcontratadas.

Según la documentación analizada por los investigadores, se detectaron transferencias desde cuentas de la fundación universitaria hacia esa compañía.

A su vez, información del Banco Central incorporada a la causa señala que Tránsito Seguro registró 54 operaciones de compra de moneda extranjera por un equivalente a $1.163.430.846.

Estos movimientos forman parte de las medidas que lleva adelante la Justicia para reconstruir el recorrido de los fondos y determinar si existe una relación entre los recursos generados por las fotomultas y las operaciones financieras investigadas.

Qué busca determinar la Justicia

El expediente no se centra únicamente en el funcionamiento de los radares o equipos utilizados para registrar las infracciones. El principal interrogante es cómo estaba organizado el esquema de contratación, quiénes intervenían y cómo se distribuían los recursos obtenidos a partir de las multas.

Según la investigación, el circuito podría haber movilizado alrededor de $1.900 millones solamente durante 2024.

La Justicia busca determinar si la participación de la universidad respondió a una prestación efectiva de servicios y formación en seguridad vial o si, por el contrario, habría sido utilizada como una estructura institucional para canalizar contrataciones privadas.

Desde la UNSAM se habría señalado que los acuerdos estaban vinculados con un Programa de Formación y Gestión de la Seguridad Vial aprobado por su Consejo Superior y que incluían tareas de capacitación, concientización y gestión administrativa.

También se habría reconocido la contratación de Tránsito Seguro para aportar infraestructura tecnológica necesaria para el funcionamiento del sistema.

Una causa que continúa en investigación

El expediente todavía se encuentra en etapa de investigación y no determina que las operaciones financieras mencionadas constituyan por sí mismas un delito.

El juez Culotta continúa reuniendo documentación y avanzando sobre los convenios firmados entre la universidad y los municipios involucrados para establecer las responsabilidades correspondientes.

En paralelo, la Justicia Federal analiza el movimiento de fondos de las entidades y empresas vinculadas con el sistema de fotomultas, con el objetivo de reconstruir el circuito completo y determinar si existieron irregularidades en la administración y distribución de los recursos.

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