La Justicia dispuso 60 días de prisión preventiva para dos personas detenidas durante un allanamiento realizado el 10 de octubre. En el procedimiento, la Policía de Investigaciones secuestró 63 dosis de cocaína y otros elementos vinculados con la causa.
Un juez de los Tribunales de Rafaela dispuso 60 días de prisión preventiva para dos personas acusadas de vender drogas al menudeo desde una vivienda de Frontera, allanada el 10 de octubre por la Policía de Investigaciones (PDI), donde se secuestraron 63 dosis de cocaína.
Según el portal Rafaela Noticias, el juez Gustavo Bumaguín resolvió la medida para J. A. C., alias “Pulpa”, de 47 años, y V. V. H., alias “Gringa”, de 42, luego de escuchar a la Fiscalía y a las defensas. Estas plantearon situaciones personales complejas y cuestionaron que sus asistidos ocuparan un lugar relevante dentro de la presunta estructura de venta.
El procedimiento estuvo a cargo de la División Microtráfico y del Distrito Frontera de la PDI, con la colaboración del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional V. La medida fue dispuesta a partir de tareas de análisis criminal impulsadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General.
Los agentes incautaron 63 dosis de cocaína, con un peso total de 38,5 gramos, $386.500 en efectivo, tres teléfonos celulares, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, bicarbonato como sustancia de estiramiento y otros elementos de interés para la causa. En el operativo fueron detenidos dos adultos y un adolescente de 17 años, quien ya había recibido 60 días de prisión preventiva en otra audiencia.
Cómo se inició la investigación
Durante la audiencia, la fiscal Lorena Korakis explicó que la investigación comenzó el 25 de septiembre, cuando la intendencia de Frontera transmitió reclamos de vecinos por presuntas maniobras de venta de drogas en esa vivienda. Algunos habitantes habrían aportado videos y solicitado que se reservara su identidad por temor a represalias.
En las imágenes, según la descripción fiscal, se observaba a personas que llegaban a pie o en moto, se inclinaban hacia una ventana con la persiana parcialmente abierta y se retiraban a los pocos segundos. Los investigadores interpretaron esos movimientos como posibles intercambios de dinero por pequeñas cantidades de droga. También detectaron la presencia de una persona que permanecía en las inmediaciones, atenta a la llegada de posibles compradores.
Korakis sostuvo que la casa no presentaba características de un hogar habitado de manera habitual y que se utilizaba específicamente para la venta de estupefacientes, por lo que la describió como un típico búnker. Parte de la droga estaba escondida en un calefón.
Qué dijeron los acusados y sus defensas
J. A. C. afirmó que había ido a comprar droga y no a venderla. Su defensora, Victoria Romano, señaló que tenía dos dosis de cocaína en su billetera y relató su lucha contra las adicciones. Por ese motivo, pidió su libertad con medidas alternativas.
Según se expuso, el hombre estaba dentro de la vivienda y explicó que había ingresado para buscar bicarbonato. El juez señaló que ese producto podía conseguirse en “cualquier farmacia” y cuestionó que alguien necesitara entrar a una casa presuntamente utilizada para vender droga para obtenerlo.
Por su parte, V. V. H. manifestó que no vivía en el inmueble, sino que le habían pedido que lo cuidara. Su defensora, Amalia Cassina, cuestionó que su presencia bastara para vincularla con la venta y sostuvo que no estaba acreditado que supiera de la droga escondida. Además, señaló a una persona conocida como “Chipaca”, de 28 años, como presunto responsable de mayor jerarquía que todavía no había sido detenido.
Los motivos de la prisión preventiva
Korakis argumentó que el delito atribuido tiene una pena mínima de cuatro años y planteó riesgos de fuga y de entorpecimiento probatorio. También recordó los antecedentes de V. V. H.: una condena de 2016 por un delito vinculado con estupefacientes y otra de 2022 por dos hechos de amenazas, con declaración de reincidencia.
Finalmente, Bumaguín sostuvo que los elementos reunidos respaldaban, con el grado de probabilidad requerido en esta etapa del proceso, la hipótesis de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Consideró que persistían riesgos procesales para ambos imputados y que las medidas alternativas propuestas por las defensas no resultaban suficientes.
