Frontera: ordenaron derrumbar otro búnker narco vinculado a hechos de violencia

Bunker de droga

El juez Nicolás Stegmayer, a cargo de la Investigación Penal Preparatoria, resolvió ordenar la inactivación y posible demolición de una propiedad utilizada como centro de operaciones para el narcotráfico en la ciudad de Frontera. La decisión se tomó tras una audiencia de “cese de estado antijurídico” realizada este viernes en los Tribunales de Rafaela.

El inmueble, ubicado en calle 108 al 200, ha sido escenario de múltiples intervenciones policiales. Uno de los eventos más graves relacionados con la vivienda fue el homicidio de Federico Bazán, ocurrido en octubre del año pasado. Este caso tiene a Lucas Cabrera Viera y Miguel Malagüeño detenidos.

Durante la audiencia, la fiscal Fabiana Bertero detalló que el propietario de la casa sufre de problemas de adicciones y perdió el control del inmueble después de ser intimidado y amenazado por una banda vinculada al narcotráfico. La misma organización criminal también estaría relacionada con el asesinato de Zamir Torres, el niño de cuatro años baleado en Frontera el 9 de julio pasado.

Según la investigación, el dueño fue engañado y citado a una casa en San Francisco, donde, a través de una videollamada con un miembro de la banda actualmente detenido, fue forzado a ceder la propiedad bajo amenazas. Desde ese momento, la vivienda funcionó como un punto de venta de drogas, hecho que fue confirmado por tareas de inteligencia de la Policía de Investigaciones. Durante la audiencia también se presentaron imágenes del estado actual del inmueble, así como fotografías de un incendio provocado durante un intento de desalojo ilegal, en el cual una persona prendió fuego a la casa mientras el propietario estaba adentro.

El juez Stegmayer decidió autorizar la demolición de la estructura, siempre y cuando el propietario dé su consentimiento expreso.

En caso contrario, se ordenó el bloqueo de todas las aberturas para evitar su reuso. Además, el magistrado instruyó al Ministerio Público de la Acusación a llevar a cabo un monitoreo constante para asegurar que se cumpla la medida.

Esta resolución se enmarca en la Ley de Microtráfico, vigente en Santa Fe desde finales de 2023, que permite la inactivación de inmuebles utilizados para la venta de drogas y relacionados con hechos de violencia extrema, mediante un trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, la Justicia, el MPA, las fuerzas de seguridad y los municipios.

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