El dirigente del Frente de Izquierda acusó al Presidente y al ministro de Economía de incumplir una medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. La presentación se realizó en la previa de una nueva marcha universitaria.
El dirigente del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, por el presunto incumplimiento de una medida cautelar que ordena aplicar la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La norma contempla la actualización de los salarios del sector y de los fondos destinados a las universidades según la inflación acumulada desde diciembre de 2023.
La presentación atribuye a ambos funcionarios posibles delitos de desobediencia, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según el escrito, el Gobierno promulgó la ley, pero suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025, bajo el argumento de que el Congreso debía determinar las fuentes de financiamiento.
“Milei y Caputo tienen que responder penalmente por incumplir una medida cautelar firme que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario”, sostuvo Solano. También señaló que el Congreso había rechazado el veto presidencial con una mayoría de dos tercios y que la Justicia había ordenado recomponer los salarios docentes y no docentes, además de actualizar las becas estudiantiles.
El recorrido judicial de la ley
La medida cautelar fue dictada el 23 de diciembre de 2025 por el juez Martín Cormick, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11. Posteriormente, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectores de universidades públicas, promovió un incidente de ejecución el 15 de abril de 2026.
El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema dejó firme la cautelar al rechazar un recurso extraordinario presentado por el Estado Nacional. Sin embargo, según Solano, el Poder Ejecutivo continúa sin cumplir con la recomposición salarial de acuerdo con la inflación acumulada ni con la actualización de las becas Progresar, Belgrano y otros programas.
“No estamos ante una diferencia de interpretación, estamos denunciando el incumplimiento de una orden judicial”, remarcó el dirigente del Partido Obrero y exlegislador.
Por qué la denuncia también alcanza a Luis Caputo
La presentación incluye al ministro de Economía porque, según los argumentos de Solano, el cumplimiento de la medida judicial requiere decisiones presupuestarias, como reasignar partidas y liberar fondos. Estas funciones corresponden al área que conduce Caputo.
En ese sentido, el escrito menciona el artículo 20 de la Ley de Ministerios, que establece las competencias de la cartera en materia de política económica y presupuestaria, así como en la elaboración y ejecución del presupuesto nacional.
La denuncia solicita que avance la investigación penal, que Milei y Caputo sean citados a prestar declaración indagatoria y que se identifique a otros posibles responsables. También pide que la Oficina de Presupuesto del Congreso informe cuál sería la incidencia presupuestaria estimada de la Ley 27.795.
“Vamos a defender el financiamiento universitario, los salarios de sus trabajadores y el derecho de los estudiantes”, concluyó Solano.
