La nueva normativa abre el debate sobre los derechos de autor y la protección de la propiedad intelectual en el contexto de eventos privados.
En una decisión que modifica el esquema de pagos a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC), el Gobierno emitió el decreto 765/2024, que introduce cambios significativos a la Ley de Propiedad Intelectual (Ley 11.723).
Publicada ayer en el Boletín Oficial, la normativa exime a los eventos de carácter privado de la obligación de pagar un canon a SADAIC por la reproducción o ejecución de música.
El decreto reemplaza el artículo 33 de la Ley de Propiedad Intelectual, que anteriormente consideraba como representación o ejecución pública “aquella que se efectúe en cualquier lugar que no sea un domicilio privado y, aún dentro de éste, cuando la representación o ejecución sea proyectada o propalada al exterior”.
Ahora, el ámbito privado queda completamente excluido de esta definición, dejando de ser necesario el pago de derechos por la música ejecutada en eventos como fiestas en salones.
Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, justificó la medida señalando que “la confusión había provocado el absurdo de que se cobraran derechos por la mera existencia de televisores en la habitación de un hotel, lo que encareció significativamente la prestación de los servicios”.
Sin embargo, la medida no fue bien recibida por SADAIC. Guillermo Ocampo, director del organismo, expresó su descontento:
“Nosotros, como representantes de los autores y compositores, estamos totalmente en contra de este decreto, porque es una agresión injustificada a los derechos. Los autores cuando cobran están cobrando por el uso de las composiciones que son de su propiedad”.
Ocampo destacó que los únicos beneficiados serán los dueños de los salones de fiestas, mientras que los autores y compositores verán reducida su recaudación.
En línea con este rechazo, la Unión de Músicxs Independientes (UMI) también se manifestó en contra del decreto a través de un comunicado. “Vemos con gran preocupación el decreto 765/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial con respecto a la Propiedad Intelectual”, señala el escrito.
La UMI advierte sobre las posibles consecuencias legales de la normativa y solicita al Poder Ejecutivo la derogación inmediata del decreto, señalando que los derechos intelectuales son “de carácter alimentario”. El comunicado de la UMI finaliza con un llamado a la acción:
“Desde la UMI nos organizaremos para impedir, tanto en términos legales como así también para alcanzar los consensos políticos y derogar dicho decreto publicado”.
