Esta semana ingresó una grave denuncia judicial contra la Administración Provincial del Seguro de Salud (Apross) por la muerte de un hombre de 73 años que no recibió una prótesis a tiempo. La familia sostiene que «la demora ayudó a que se muriera sin la asistencia necesaria».
Humberto Beltrame tenía 73 años, era jubilado por la Policía provincial y estaba afiliado a Apross. Sufría un problema cardiovascular severo en la aorta por lo que fue intervenido quirúrgicamente en el 2013 y, para salvarle la vida, le colocaron una endoprótesis de aorta abdominal. Esa prótesis servía para que la sangre fluyera desde la parte superior del cuerpo a la parte inferior y así se evita que explote el corazón.
Por su estado de salud, constantemente había un seguimiento por parte de los médicos, quienes detectaron, en un control que le hicieron a Beltrame en noviembre de 2018, una fuga en la prótesis que implicaba peligro de muerte inminente. Por ese motivo, pidieron con carácter de urgencia una nueva endoprótesis y programaron la cirugía para el 28 de diciembre en la clínica Romagosa.
La familia pidió la prótesis a Apross y recorrió cientos de veces los pasillos de la obra social siguiendo el expediente pero no obtuvieron respuesta. Esperaron hasta comienzos de febrero de este año. El 9 de este mes, mientras celebraba el cumpleaños de su hijo, Beltrame sufrió una descompensación y falleció.
La causa recayó en la Fiscalía de Turno 4, Distrito 4, a cargo de Mónica Liliana Copello, pero se encuentra momentáneamente de licencia y la reemplaza el fiscal Tomás Casas.
«Denuncian que la demora de la administración en proveer una prótesis provocó que el paciente no sobreviviera. No es que haya provocado la muerte sino que no la evitó. No hay imputación hasta que no se conozcan los alcances de la consecuencias. Primero se deben hacer pericias e informes, establecer cuáles enfermedades padecía este señor y en qué estado de gravedad estaba. Ahí se verá si la demora fue causa eficiente o cuánto colaboró con el resultado fatal», explicó Casas a La Nueva Mañana.
Por su parte, Carlos Nayi, abogado que representa a la familia querellante, precisó que la acusación es por «homicidio culposo» y pidió que investiguen desde el director de Apross hasta todas las personas que tuvieron el expediente en sus manos.
«Hay distintas maneras de matar a una persona. Puede ser por acción u omisión. En este caso por omisión perdió la vida este hombre que tenía tres hijos, una esposa y cinco nietos. Es un dolor irreparable. Vamos a luchar permanentemente para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. La escala penal debe aplicarse con rigurosidad. Los responsables tendrán que responder ante la Justicia«, aseguró Nayi.
Desde este medio se solicitó información a la obra social Apross pero expresaron que, por el momento, no harán declaraciones al respecto.
LM
