El Tribunal Oral Federal 5 resolvió que las audiencias serán presenciales y se realizarán tres veces por semana. El proceso tendrá más de 40 imputados y entre 200 y 300 testigos.
El Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) definió que las audiencias del juicio por la causa Hotesur-Los Sauces serán presenciales y se desarrollarán tres veces por semana. La decisión implica que Cristina Kirchner deberá asistir a Comodoro Py durante el debate oral, en el que también serán juzgados Máximo Kirchner, Lázaro Báez y el resto de los acusados.
La modalidad fue establecida este viernes durante la audiencia preliminar convocada para organizar el juicio. El proceso tendrá más de 40 imputados y se prevé la declaración de entre 200 y 300 testigos, por lo que el cronograma contará con tres jornadas semanales.
El juicio estará a cargo de los jueces José Michilini, Adriana Paliotti y Fernando Machado Pelloni. El expediente investiga presuntas maniobras de lavado de dinero, asociación ilícita y dádivas relacionadas con las empresas Hotesur y Los Sauces, pertenecientes a la familia Kirchner.
La investigación busca determinar si distintas operaciones comerciales entre esas sociedades y empresas vinculadas a Lázaro Báez y al Grupo Indalo, de Cristóbal López, fueron utilizadas para canalizar fondos de supuesto origen ilícito.
Entre los principales acusados se encuentran Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Lázaro Báez y Víctor Manzanares, histórico contador de la familia Kirchner. También están imputados empresarios, exdirectivos, profesionales y otras personas relacionadas con las sociedades investigadas.
Florencia Kirchner, en cambio, no llegará a juicio. En 2023, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió mantener su sobreseimiento al considerar que era menor de edad cuando comenzó la estructura que es objeto de la investigación.
La definición sobre la modalidad de las audiencias se produjo después de que el expediente atravesara demoras vinculadas con una pericia contable considerada clave para avanzar hacia el debate oral.
El TOF 5 había desplazado a uno de los peritos que intervenía en ese estudio luego de reiteradas intimaciones que no habían sido respondidas. Para completar el análisis fueron designados especialistas de la Corte Suprema.
La medida había sido solicitada por las defensas de Cristina Kirchner y Lázaro Báez y contempla, entre otros puntos, la operatoria de la inmobiliaria Los Sauces y los contratos vinculados con las sociedades bajo investigación.
El peritaje debe comparar contratos celebrados para la explotación de establecimientos de la familia Kirchner y establecer si los montos acordados se correspondían con las condiciones del mercado. También incluye información sobre cantidad y ocupación de habitaciones, tarifas, servicios facturados, personal, temporadas y principales clientes.
A su vez, el estudio contempla los balances correspondientes al período 2009-2013 y busca determinar la evolución de las utilidades y disponibilidades de las empresas, además de establecer si los resultados registrados eran compatibles con la actividad desarrollada.
La acusación sostiene que empresas relacionadas con Báez y López realizaron pagos a las sociedades hoteleras e inmobiliarias de los Kirchner y que esas operaciones podrían haber funcionado como una pantalla para incorporar al circuito legal fondos provenientes de actividades ilícitas.
Según la Fiscalía, Báez pagó más de $27 millones entre 2009 y 2013 mediante Valle Mitre por la explotación de hoteles, entre ellos el Alto Calafate. A ese monto se sumaron otros $11 millones provenientes de empresas del Grupo Austral, en operaciones que incluyeron habitaciones que, de acuerdo con la acusación, no fueron ocupadas.
El expediente también contempla una imputación por dádivas, a partir de las relaciones comerciales entre Cristina Kirchner, mientras ejercía funciones públicas, y contratistas del Estado.
La causa está vinculada con el caso Vialidad, en el que Cristina Kirchner y Lázaro Báez fueron condenados. Hotesur-Los Sauces analiza específicamente el circuito comercial y financiero entre las empresas de la familia Kirchner y compañías relacionadas con empresarios que tuvieron contratos con el Estado.
Entre las pruebas incorporadas aparecen pedidos de información bancaria sobre movimientos de fondos, datos de empresas transportadoras de caudales y registros vinculados con consumos y pagos de servicios e impuestos de establecimientos hoteleros de El Calafate.
Con la decisión de avanzar con audiencias presenciales tres veces por semana, el Tribunal Oral Federal 5 estableció las condiciones para un juicio de gran magnitud, que tendrá decenas de acusados y cientos de testimonios.
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