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Human Rights Watch consideró que el Gobierno de Perú debería revocar el indulto a Fujimori

La organización Human Rights Watch (HRW) presentó un memorial ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalando que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en Perú debería revocar el indulto humanitario otorgado al ex mandatario Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos.

La CIDH, el principal tribunal de derechos humanos en América, analizará la excarcelación de Fujimori en el marco de una audiencia programada para el 2 de febrero de 2018.

«La liberación de Fujimori constituyó una vergonzosa traición a las víctimas de atrocidades en Perú y un serio retroceso para el estado de derecho en el país», sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. «Esperamos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no permita que el presidente Kuczynski use los derechos de las víctimas como moneda de cambio en sus negociaciones políticas».

José Miguel Vivianco (EFE)

José Miguel Vivianco (EFE)

La Constitución peruana reconoce al presidente la facultad de otorgar indultos. Sin embargo, también dispone que los derechos allí consagrados deben interpretarse de conformidad con los tratados internacionales ratificados por Perú.

«La liberación anticipada de Fujimori parece ser el resultado de una decisión que respondió a motivaciones políticas y que no se adoptó respetando garantías básicas de imparcialidad y transparencia», explicó Human Rights Watch en su escrito. En este contexto, la liberación vulnera la obligación de Perú de investigar, procesar y castigar violaciones de derechos humanos.

Human Rights Watch ha manifestado en reiteradas ocasiones que conceder el indulto humanitario a Fujimori podría ser compatible con las normas internacionales de derechos humanos, siempre que no recibiera un trato especial y su liberación fuera el resultado de una determinación médica independiente, exhaustiva y concluyente que establezca la gravedad de su estado de salud.

El indulto que benefició a Fujimori no cumple estos criterios, señaló Human Rights Watch. Las razones médicas mencionadas en el indulto son genéricas y poco convincentes, y pareciera que no se realizó una evaluación médica exhaustiva e independiente.

El 31 de diciembre de 2017, Mercedes Aráoz, vicepresidenta de Perú y presidenta del Consejo de Ministros, sugirió que el gobierno no cumpliría con un eventual pronunciamiento de la CIDH que ordenara al gobierno anular el indulto. La Constitución «dice claramente que el indulto es una prerrogativa del Presidente», manifestó Aráoz al periódico peruano Correo, y agregó que el gobierno hará «prevalecer la Constitución» frente a un pronunciamiento de la CIDH que pretenda derogar el indulto.

«La CIDH es la máxima autoridad regional sobre derechos humanos y sus pronunciamientos son jurídicamente vinculantes para Perú», subrayó Vivanco. «La decisión de ignorar una sentencia de la CIDH sobre la liberación de Fujimori supondría un retroceso injustificable para el compromiso del gobierno peruano con los derechos humanos».

Infobae

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