Tras la muerte de la mujer, sus familiares solicitaron participar de la investigación por los abusos que había denunciado desde niña. La abogada Marina Romano anticipó que planteará la no prescripción de los hechos.
La familia de Marfa, la mujer que había denunciado abusos sufridos durante su infancia en Villa de María del Río Seco, solicitó ser admitida como querellante en la investigación que lleva adelante la Justicia de Córdoba.
Tras el fallecimiento de Marfa, su abogada, Marina Romano, ahora representa a su viudo, Juan Carlos, y explicó que la presentación fue realizada en nombre de los herederos: su esposo y su hija menor de edad. La participación de la familia todavía debe ser admitida por la Justicia.
La presentación busca impulsar la investigación sobre las personas que habían sido denunciadas por Marfa y también sobre funcionarios públicos señalados por presuntas omisiones durante el proceso.
Marfa había presentado en 2020 una denuncia por abusos sexuales, servidumbre y corrupción de menores contra integrantes de la familia Villarreal. Según explicó Romano, también había solicitado que se investigara si funcionarios policiales y judiciales habían omitido dar curso a su denuncia.
La abogada diferenció esta segunda investigación de la destinada a determinar las responsabilidades de quienes fueron señalados por Marfa como presuntos autores de los abusos.
El planteo para evitar la prescripción
Romano anticipó que, una vez que los familiares sean admitidos como querellantes, presentará un planteo de inconstitucionalidad y control de convencionalidad relacionado con las normas de prescripción.
El objetivo será que la Justicia analice la prescripción de los hechos denunciados a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos suscriptos por Argentina.
“Voy a plantear la no prescripción”, sostuvo la abogada, quien mencionó la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño como parte de los fundamentos de su planteo.
Romano señaló que la Ley Piazza de 2011 y la reforma de 2015 fueron posteriores a los hechos denunciados, pero sostuvo que esas modificaciones incorporaron derechos que ya estaban reconocidos en tratados internacionales.
Además, indicó que utilizará como antecedente un fallo de 2023 de la Cámara de Acusación de Córdoba, que, según explicó, permitió analizar la investigación de delitos contra la integridad sexual cometidos durante la niñez y antes de esas modificaciones legales.
La investigación sobre posibles responsabilidades del Estado
La abogada también destacó la actuación de la fiscal Analía Cépede, quien tomó declaración a Marfa mientras se encontraba internada.
Según relató Romano, la fiscal buscó reunir elementos para determinar si existía un delito que pudiera ser investigado de oficio y reconoció las limitaciones legales que enfrenta actualmente la causa.
“Tenemos que hacer todos los esfuerzos”, sostuvo Romano al referirse a la continuidad del reclamo de justicia.
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