La jueza federal Mariel Borruto se declaró competente para intervenir en la acción preventiva contra las empresas vinculadas al proyecto Sea Lion. Tierra del Fuego podrá participar del expediente y las organizaciones denunciantes deberán cumplir una serie de requisitos para que se analicen las medidas cautelares solicitadas.
Luego de que el presidente Javier Milei anunciara sanciones contra empresas extranjeras vinculadas con la explotación de petróleo en las Islas Malvinas, la Justicia Federal avanzará con una causa por presunto daño ambiental y afectación de la soberanía nacional.
La jueza federal de Garantías de Río Grande, Mariel Borruto, se declaró competente para intervenir en la acción preventiva presentada contra las dos petroleras extranjeras que forman parte del proyecto Sea Lion.
Se trata de un emprendimiento offshore impulsado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, que prevé perforar y extraer petróleo en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, dentro del área reclamada por la Argentina.
La presentación fue realizada por la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAdeAA) y el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que solicitaron el cese de las actividades vinculadas con el proyecto.
Las organizaciones sostuvieron que las empresas avanzaron con distintas etapas logísticas y de construcción a partir de licencias emitidas unilateralmente por el Reino Unido.
Según el planteo, el proyecto no cuenta con una evaluación de impacto ambiental ante autoridades argentinas ni con el certificado de aptitud ambiental previsto por la Ley General del Ambiente N.º 26.675.
En este contexto, la jueza Borruto consideró que el caso también involucra cuestiones vinculadas con la soberanía nacional, además del posible impacto ambiental.
Al declararse competente, Borruto dispuso dar intervención a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La magistrada entendió que el área donde se proyecta el emprendimiento se encuentra dentro de la jurisdicción provincial y que el Estado fueguino posee atribuciones relacionadas con los recursos naturales y la regulación ambiental.
Por eso, la Fiscalía de Estado provincial tendrá diez días para ejercer la representación correspondiente en defensa del patrimonio y del ambiente estatal.
Además, la jueza solicitó a los demandantes que indiquen, en un plazo de cinco días, si iniciaron procesos con el mismo objeto ante otros tribunales.
Las organizaciones también deberán traducir la documentación redactada en idiomas extranjeros y presentar en formato digital los documentos necesarios para evaluar las medidas cautelares solicitadas.
Un posible impacto ambiental de alcance federal
La resolución judicial coincidió con el criterio de la Sede Fiscal Descentralizada Río Grande, a cargo del fiscal Marcelo Rapoport, con intervención de la auxiliar fiscal Lorena Bendaña.
El Ministerio Público Fiscal consideró que un eventual impacto ambiental podría superar una jurisdicción local debido a la conexión de las aguas del Atlántico Sur con las ecorregiones del Mar Argentino y las Islas del Atlántico Sur.
Según la información incorporada al expediente, el proyecto Sea Lion contempla pozos submarinos, una unidad flotante de producción, almacenamiento y descarga, además de ductos y conductos verticales.
Para Borruto, estas instalaciones estarían ubicadas sobre el lecho y el subsuelo de la plataforma continental bajo jurisdicción marítima nacional.
La Fiscalía señaló además que las empresas pretenden desarrollar una actividad que podría generar daños sobre recursos naturales argentinos sin que los organismos nacionales hayan podido evaluar de manera integral sus consecuencias.
En ese sentido, sostuvo que las autoridades argentinas no tuvieron acceso completo a la información técnica del proyecto, ni pudieron realizar estudios independientes, garantizar mecanismos de participación ciudadana o intervenir en una eventual aprobación o rechazo.
La cuestión de la soberanía
La jueza también consideró que la demanda excede la cuestión ambiental porque involucra un interés federal relacionado con la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
En la misma línea, la Fiscalía citó la Ley de Hidrocarburos N.º 26.659 y su modificatoria, la Ley N.º 26.915, que establecen la ilegalidad de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos realizadas sin autorización argentina en la plataforma continental.
El Ministerio Público Fiscal también señaló que la explotación unilateral de recursos naturales por parte del Reino Unido entra en tensión con el proceso de negociación impulsado por las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una controversia de soberanía y exhorta a las partes a evitar medidas unilaterales mientras continúe abierta.
De esta manera, la Justicia Federal deberá avanzar ahora con el expediente, mientras se espera la participación de Tierra del Fuego y el cumplimiento de los requerimientos realizados a las organizaciones que impulsaron la denuncia.
