Al menos 85 exintendentes fueron contratados como asesores tras quedar fuera de juego por la ley que impide una nueva reelección.
La mayoría son peronistas, pero también hay radicales y vecinalistas. El gasto en personal contratado se disparó un 370% en un año.
La Legislatura de Córdoba quedó en el ojo de la tormenta tras la difusión de un listado que reveló que al menos 85 exintendentes que no pudieron postularse nuevamente en 2023 fueron contratados como asesores legislativos. Se trata de exjefes comunales impedidos de buscar una «re-reelección» tras la entrada en vigencia de la ley 10.406, que modificó el Código Electoral de la provincia. Para muchos de ellos, el Parlamento se transformó en una verdadera bolsa de trabajo estatal.
Según un relevamiento publicado por La Voz, 70 de los exintendentes contratados pertenecen al peronismo y sus aliados, 13 al radicalismo, y dos a fuerzas vecinalistas, en su mayoría con vínculos al justicialismo.
El detrás de escena del “refugio legislativo”
Cuando las reglas cambiaron y no pudieron volver a presentarse, muchos exintendentes ensayaron estrategias para conservar el poder territorial: promovieron a esposas, hijos o hermanos como candidatos. Sin embargo, en varios casos perdieron las elecciones. El paso siguiente fue su incorporación como asesores legislativos, lo que para muchos se traduce como una forma de sostener ingresos del Estado sin tener que dejar la política.
Uno de los casos más llamativos es el de Claudio Tripiana, exintendente de Los Pozos, afiliado radical pero con historia de alianzas múltiples. Hoy, trabaja como asesor del legislador radical Sebastián Peralta. En Dique Chico, departamento Santa María, el panorama es aún más peculiar: dos exintendentes enfrentados judicialmente están contratados en la Unicameral. Se trata de Alfredo Nilo y Abel Cistaro, quienes cruzaron denuncias penales entre sí durante sus gestiones, pero hoy comparten el mismo espacio político en la Legislatura.
El listado de nombres
Entre los 70 exintendentes peronistas figuran nombres como Claudio Peña (Villa San Isidro), Gerardo Allende (Santa Eufemia), Silvio Artuso (Assunta), Carlos Baigorria (Porteña), y Claudio Chavero (Santa Rosa de Calamuchita), entre muchos otros. En tanto, los radicales incluyen a Daniel Salibi (Mendiolaza), Fernando Gramaglia (Alcira Gigena), Emiliano Ribodino (Toro Pujio) y Víctor Zuin (Justiniano Posse).
En varios casos, incluso hubo traspaso de mando entre familiares. Por ejemplo, en Candelaria Sud, Favián Luna debió entregar la comuna a su hermano peronista, Claudio Dante Luna. Aun así, Favián terminó contratado en la Legislatura.
El gasto público, en alza
Más allá de lo político, el dato económico es impactante. La partida presupuestaria para personal contratado en la Legislatura de Córdoba aumentó un 370% en tan solo un año. Durante el último año de gestión de Juan Schiaretti y Manuel Calvo, se destinaron 3.685 millones de pesos a contratos temporales. En 2024, ya bajo la conducción de Myrian Prunotto como presidenta del cuerpo y con Martín Llaryora al frente del Ejecutivo, ese monto ascendió a 14.317 millones. En comparación, el gasto en sueldos para personal efectivo subió un 155%, más cercano a la inflación acumulada del año (118%).
Una Legislatura desbordada de asesores
Con 70 asesores que son exintendentes sólo en el bloque peronista, la cifra iguala exactamente al número de legisladores que lo integran. La incorporación masiva de exjefes comunales —con o sin experiencia legislativa— abre el debate sobre la transparencia, el clientelismo y el uso de recursos públicos para sostener estructuras políticas.
Mientras tanto, crecen las voces críticas que cuestionan el rol de la Unicameral como “contenedor político” y exigen mayores controles sobre los contratos, sueldos y tareas reales de los asesores. El informe, editado este domingo, sigue sumando nombres y casos, a medida que se amplía la información oficial. Todo indica que la Legislatura cordobesa funciona más como premio consuelo que como ámbito de debate democrático.
