El oficialismo condiciona la reanudación de las sesiones al apartamiento o la licencia de la legisladora radical. Gregorio Hernández Maqueda denunció un “atropello institucional” ante la OEA y el Gobierno nacional.
La Legislatura de Córdoba atraviesa un conflicto que mantiene prácticamente paralizada su actividad. El oficialismo exige que la legisladora radical Alejandra Ferrero solicite una licencia o se aparte de su función para retomar las sesiones, mientras la oposición cuestiona esa condición y advierte sobre sus consecuencias institucionales.
En ese contexto, el legislador Gregorio Hernández Maqueda, del espacio Mejor Futuro, junto a Patricia Bote y Gerardo Grosso, amplió una denuncia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y recurrió al Gobierno nacional. La presentación apunta contra lo que definieron como un “atropello institucional” y cuestiona el funcionamiento de la Cámara.
“Hay dos características propias de los regímenes autoritarios que son incompatibles con una república democrática”, afirmó Hernández Maqueda. Según su planteo, una de ellas es el ataque al Poder Legislativo, mientras que la otra consiste en pretender decidir quiénes pueden representar a la oposición y conducir sus bloques.
Hernández Maqueda sostuvo que la situación configura una “doble extorsión”: por un lado, la paralización del Poder Legislativo por falta de quórum y, por otro, la exigencia de que Ferrero renuncie o solicite una licencia. Según lo informado, la legisladora radical ya manifestó que no aceptará ese pedido.
El dirigente calificó el escenario como de “extrema gravedad institucional” y justificó la presentación ante organismos nacionales e internacionales en la necesidad de garantizar el funcionamiento de las instituciones republicanas.
Desde el oficialismo, en tanto, mantienen la postura de que no habrá diálogo ni se retomará la actividad legislativa hasta que Ferrero firme su pedido de licencia.
La última sesión ordinaria completa se realizó el 3 de septiembre. Según el planteo de Hernández Maqueda, el calendario deja apenas cinco sesiones posibles antes de fin de año, a las que luego se sumaría el receso correspondiente.
Entre los asuntos que, de acuerdo con la oposición, permanecen sin tratamiento se encuentran la recuperación de haberes jubilatorios, una ley de extinción de dominio, la situación de afiliados de APROSS, citaciones al ministro Quintero por presuntos casos de corrupción vinculados con la Policía Caminera y bomberos, y cuestiones relacionadas con el impuesto inmobiliario rural y urbano.
El legislador también cuestionó al gobernador Martín Llaryora y sostuvo que el conflicto refleja un deterioro del funcionamiento institucional de la provincia. Sus declaraciones se producen en medio de una disputa política que mantiene frenada la actividad parlamentaria y deja en suspenso el tratamiento de distintos proyectos.
