La causa judicial que sacudió a la localidad cordobesa de La Playosa continúa generando fuerte impacto social y malestar entre las familias de las víctimas.
Se trata del expediente que tiene como imputado a Rodrigo Santi, bombero voluntario y referente en la formación de menores y cadetes, quien confesó en sede judicial los delitos de abuso sexual simple y agravado, corrupción de menores y tenencia de pornografía infantil.
En los últimos días se confirmó que Santi accedió al beneficio de prisión domiciliaria, decisión que reavivó la indignación de los familiares de las víctimas. La medida fue otorgada a pesar de que la causa se encuentra en condiciones de ser elevada a juicio y se fundamentó en un informe psicológico privado que describe un cuadro de depresión grave y la necesidad de contención familiar.
La investigación se inició a fines de 2024, cuando el acusado fue detenido por orden de la fiscal de Villa María, Juliana Companys. En ese marco se realizaron allanamientos tanto en su domicilio como en el cuartel de bomberos, donde se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación considerados elementos clave para la causa.
En diciembre de 2025, la fiscalía autorizó el cumplimiento de la prisión domiciliaria en la ciudad de Villa María. La resolución generó un fuerte rechazo por parte de las querellas, que cuestionan la ausencia de controles electrónicos y advierten sobre la cercanía del domicilio a establecimientos educativos.
A estas críticas se suman objeciones sobre el desarrollo del proceso judicial. Desde la querella denuncian irregularidades en el avance hacia un posible juicio abreviado y señalan conflictos vinculados al rol de un abogado defensor que, según afirman, habría integrado previamente el equipo de la fiscalía durante la investigación, lo que pondría en duda la transparencia del procedimiento.
Tras la feria judicial, la Justicia deberá definir si el expediente es finalmente elevado a juicio. Mientras tanto, las familias de las víctimas reclaman mayor claridad, garantías procesales y medidas de protección efectivas para los menores involucrados.
