Enmarcado en la “transformación digital” , la Unión Europea (UE) implementara el primer conjunto de leyes para regular el uso e impacto social de la Inteligencia Artificial (IA). Esta medida “propone que los sistemas de IA que puedan utilizarse en distintas aplicaciones se analicen y clasifiquen según el riesgo que supongan para los usuarios. Los distintos niveles de peligro implicarán una mayor o menor regulación.”
Son muchos los intelectuales, activistas y académicos que proclaman la regulación por parte de los Estados. Este difícil proceso, el de la regulación enmarcado en metas y objetivos, es el único que puede garantizar el encuadramiento de las tecnologías occidentales en función de los intereses y necesidades de las mayorías. Hoy los objetivos y los tiempos del desarrollo tecnológico se encuentran en manos de unas pocas corporaciones y países consolidando un sistema de colonización tecnológica; en el cual las naciones como Argentina son exportadores de materias primas y datos, y son consumidores de programas y servicios. Para asumir este desafío, las instituciones de la democracia tienen la enorme tarea de construir áreas específicas para su seguimiento, así como formar rápidamente cuadros con esta expertis.
Entre los puntos más importantes de este sistema de leyes que propone la UE, se destacan: la necesaria supervisión de la IA por personas, en lugar de por la automatización, para evitar resultados perjudiciales. El establecimiento de una definición uniforme y tecnológicamente neutra de la IA que pueda aplicarse a futuros sistemas. Y el establecimiento de normas diferentes para niveles diferentes de riesgo social.
