Las víctimas de abuso sexual del Instituto de Mendoza pidieron se cite a declarar a monseñor Sergio Buenanueva, quien en un reportaje con Télam había dicho que «uno de los grandes errores» de la Iglesia argentina fue proteger a los curas abusadores.

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Las víctimas de abuso sexual del Instituto del Próvolo de Mendoza pidieron a la justicia que cite a declarar a monseñor Sergio Buenanueva, quien en un reportaje con Télam había dicho que «uno de los grandes errores» de la Iglesia argentina fue proteger a los curas abusadores.

Así lo adelantó este mediodía el abogado de la querella, Sergio Salinas, quien contó que presentó al fiscal Gustavo Stroppiana un escrito pidiendo la citación de Buenanueva.

El obispo de San Francisco y presidente de la comisión de Ministerios de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que se ocupa de recibir las denuncias por abuso sexual, había dicho «uno de nuestros grandes errores fue proteger a los curas abusadores».

El reportaje de Buenanueva forma parte de una investigación de Télam en la que se pudo determinar que luego del caso Grassi, en el país hubo 62 curas y monjas denunciados por abuso sexual.

Tras esa declaración, las víctimas del Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, quieren que Buenanueva de explicaciones en la justicia.

«Conforme al artículo periodístico que se acompaña y considerando que responde al fin de esclarecer la presente investigación, solicitamos que se fije fecha y hora para que deponga Sergio Buenanueva», dice el escrito presentado por Salinas y Juan Dantiacg, en representación de la querella.

«A raíz de esto, por la declaración, juntamos esos artículos periodísticos y pedimos a la fiscalía la citación del monseñor que será la próxima semana cuando vuelva el fiscal Gustavo Stroppiana», le dijo a Télam Salinas, abogado de las víctimas y de la Ong Xumek.

Salinas agregó que hay más testigos y más pruebas sobre los abusos en la causa por la cuál ya están detenidos la monja, Kumiko Kosaka y los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicolás Corradi (de 82 años y con prisión domiciliaria), quien ya tenía acusaciones similares en Verona, Italia, en los años 80.

También están detenidos el monaguillo Jorge Bordón, el ex empleado del instituto, José Luis Ojeda, quien también es sordo, y el jardinero Armando Gómez.

El lunes, además, se presentará a declarar Dante Simón, vicario de Córdoba, para explicar que es lo que la Iglesia argentina sabía de los abusos cometidos en Italia por los sacerdotes que llegaron de Verona.

Monseñor Buenanueva: «Uno de nuestros grandes errores fue proteger a los curas abusadores»

Buenanueva recibió a Télam en la Casa de Retiros «El Cenáculo» de Pilar, donde explicó cuál es el curso que siguen las denuncias de abuso en la justicia eclesiástica.

«La Iglesia no debe proteger al cura abusador, ese fue uno de nuestros grandes errores. Lo peor que nos pasó como institución es que perdimos la sensibilidad por tutelar el buen nombre o la reputación de la Iglesia», reconoció a Télam monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco y presidente de la comisión de Ministerios de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA).

Buenanueva recibió a Télam en la Casa de Retiros «El Cenáculo» de Pilar, donde explicó cuál es el curso que siguen las denuncias de abuso en la justicia eclesiástica.

«Cuando hay una denuncia de abuso sexual de menores o adultos vulnerables por parte de clérigos, diáconos o sacerdotes -porque si los acusados son obispos los juzga directamente la Santa Sede-, los obispos tenemos la obligación de hacer una investigación previa para establecer su verosimilitud. En la justicia penal esos delitos son de instancia privada, por lo que la víctima, su familia o abogados son quienes pueden denunciar», señaló.

Y continuó: «Al obispo sólo le cabe esa investigación preliminar, que establece si la denuncia es verosímil. En ese caso, el obispo normalmente toma una medida cautelar que consiste en apartar al sacerdote del oficio mientras se hace la investigación, de manera prudencial. Una vez finalizada, si se prueba la verosimilitud, termina nuestro rol y enviamos todo a Roma para que el Papa se lo encargue a la Congregación de la Fe, que se ocupa de esos casos».

«La sanción a este delito en la justicia canónica es indeterminada, no sucede como en la justicia penal, que prevé cárcel y otras penas. Eso dio lugar a muchos debates internos de la Iglesia, porque no todos están de acuerdo», reconoció.

Consultado sobre la máxima sanción que puede recibir un miembro de la Iglesia al que se le prueba un abuso, Buenanueva señaló que «lo peor que puede pasar es que el Papa lo expulse del estado clerical, lo que implica que deja de ejercer el ministerio».

«Sé que lo que voy a decir es polémico, pero si el culpable es un sacerdote muy grande, de más de 80 años, la Iglesia no suele aplicar la sanción más grave. Sabe que tiene que imponer una sanción pero no lo puede ‘soltar’, porque esa persona puede seguir haciendo mucho daño, así que por lo general se lo envía a un hogar o convento a dedicarse a la oración y penitencia», dijo.

Buenanueva apuntó además que «no se sabe cuántas son las víctimas de abuso ni la cantidad de abusadores que hay en el país», y descartó la posibilidad de que se conforme una comisión que centralice y monitoree las denuncias, que hasta ahora resuelve cada obispo o superior de manera discrecional, ya que ellos son quienes determinan sí es verosímil o no.

«Hay distintos niveles de responsabilidad cuando se habla de religiosos, sacerdotes diocesanos (que dependen de obispos), u otros miembros de la Iglesia. Esos distintos niveles y esa fragmentación y discrecionalidad conspiran contra la tolerancia cero, la transparencia y otras premisas del papa Francisco, que siguió la línea que instaló Benedicto XVI», retomó.

Monseñor Buenanueva comentó que después de que estallara el caso Próvolo (un instituto mendocino que asistía a chicos sordos e hipoacúsicos y donde se investigan varios casos de abuso) en diciembre de 2016 se resolvió que «todo sacerdote que llegue a una diócesis debe presentar un aval o certificado de buena conducta».

«Es una medida que se tomó «post factum» (después de los hechos), pero es porque vamos aprendiendo de nuestros errores. Por el momento sólo se trata de una sugerencia, pero estamos estudiando hacerla obligatoria y creo que esa resolución va a salir pronto porque la estamos trabajando fuerte», adelantó.

Buenanueva contó además que están abordando el tema de la prevención «que tiene que ver cómo las instituciones, comunidades, parroquias y catequistas protegen a las víctimas e identifican a los posibles victimarios. En eso tienen un rol muy importante los seminarios, con los que estamos trabajando mucho».

«Nuestra propuesta es crear, como tienen otros países y también la Santa Sede, un Consejo Nacional, dependiente de la CEA, que trabaje en la prevención y ayude a obispos y diócesis a encarar el tema. Estaría a cargo de un obispo y conformado por laicos y sacerdotes, mujeres y varones especialistas en abuso», abundó.

Y continuó: «Hay que revisar las normas canónicas, los criterios utilizados y lo más difícil, que es la mentalidad humana. Nos dimos cuenta del tremendo daño que significa para un niño o adolescente que está construyendo su identidad sexual que un adulto lo violente justamente en ese aspecto. Como Iglesia dejamos de ver ese daño y ése es el golpe más duro que recibimos, no tanto la pérdida de prestigio o el pago de indemnizaciones, sino el daño humano sobre las víctimas».

«La guerra de la iglesia católica contra los abusos está en curso. Tenemos algunas batallas ganadas y muchas perdidas. Espero que todo esto resulte en una superación del problema, pero la transformación de la mentalidad no es tan fácil, y mucho menos en una institución como la Iglesia», concluyó.

En 2014 un grupo de víctimas formó por primera vez en la Argentina la Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico, que logró ese mismo año llegar hasta el Vaticano, donde Julieta Añazco, una víctima de abuso, llevó en persona una carta al papa Francisco para «ponerlo en conocimiento» y a la espera de que «tome medidas para juzgar al responsable», aunque hasta hoy no obtuvo respuesta.

«La complicidad de algunos miembros de la Iglesia es alarmante, nos dimos cuenta después de varios años de trabajo que todo es tan perverso que cuesta creerlo. Creo que eso tuvo mucho que ver con que me enfermara, hace poco me diagnosticaron fibromialgia y siento que ya no tengo las mismas fuerzas para luchar», le dijo Añazco a Télam.

En aquella carta «también se le pidieron explicaciones al Arzobispado de La Plata sobre la protección que le brindaron al sacerdote acusado luego de que otras víctimas también lo denunciaran por hechos similares», comentó a Télam Estefanía Gelso, integrante del Colectivo de Abogados Populares La Ciega y representante legal de Añazco.

Se trata del cura Héctor Giménez, quien por la década del ’80 se desempeñaba en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús y dirigía campamentos de verano en la localidad bonaerense de City Bell.

A los 40 años, Julieta pasó frente a la iglesia y recordó, de repente, los abusos que había sufrido de chica: «Yo digo que me desperté porque recordé al cura, a los abusos», contó a Télam.

Desde ese momento comenzó su lucha para que Giménez fuera juzgado y para que otras víctimas se animaran también a denunciar. En 2013 se presentó como particular damnificada y la causa se abrió en la Fiscalía Nº 6 del Departamento Judicial de La Plata. Revisando el archivo judicial, encontró dos causas contra el mismo cura, que datan del ’85 y el ’96, iniciadas por madres de otras chicas y chicos abusados.

Recientemente Télam se acercó al Hogar Marín, en La Plata, donde se suponía que podía estar «refugiado» Giménez. Y efectivamente fue visto caminando por los jardines del lugar, aunque no se le permitió a los periodistas ingresar ni tomar contacto con él.

«Confirmar que Giménez está ahora refugiado en el Marín me da bronca e impotencia, porque sigue en contacto con niños y acompaña en las misas», dijo Añazco.

Y agregó entre lágrimas: «Las cifras que relevaron son alarmantes. La verdad es que ya no me sorprende nada. Ya lloré mucho, me decepcioné mucho y me di cuenta de cómo funciona todo esto. Nos sentimos estafados cada vez que un caso aparece, porque muchos de nosotros seguimos siendo católicos y eso nos genera mucha angustia».

Por su parte Carlos Lombardi, abogado de la Red y especialista en derecho canónico, señaló en diálogo con esta agencia que la investigación realizada «es la punta del iceberg, porque la mayoría de los casos no son denunciados. La Iglesia no los denuncia, son las víctimas las que se animan a contar lo que les pasó y para ellas es un proceso muy doloroso».

«Las sanciones canónicas son una proyección del sistema jurídico de la Iglesia, que es contrario a los derechos humanos. Eso significa que, al contrario de lo que sucede en el derecho penal del Estado, las penas son indeterminadas, no están fijadas en el código canónico», afirmó.

Y completó: «Es muy raro que la Iglesia expulse a los abusadores. En la práctica, la máxima sanción es recluir al sacerdote, mandarlo a un monasterio a rezar o hacer vida de contemplación. Eso, para las víctimas, es un insulto e implica una nueva revictimización».

Para Añazco, la única motivación para seguir adelante es «el futuro de nuestros niños».

«Eso es lo único que nos motiva. Seguimos luchando para que a ellos no les suceda y para que las familias estén alertas. Es cierto que no todos los curas son abusadores, pero tampoco son casos aislados», concluyó.

Télam