La Libertad Avanza decidió retirar del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el apartado que modificaba la Ley de Tierras Rurales, tras la presión de gobernadores y bloques dialoguistas. El oficialismo confía en obtener la media sanción del resto de la iniciativa en el Senado.
El Gobierno nacional resolvió dar marcha atrás con el capítulo vinculado a la Ley de Tierras Rurales luego de comprobar que no contaba con los votos necesarios para aprobarlo en el Senado. La decisión busca destrabar el tratamiento del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y garantizar el respaldo para el resto de las reformas incluidas en la iniciativa.
La modificación había generado fuertes cuestionamientos de gobernadores y legisladores de distintas provincias, quienes expresaron su rechazo a los cambios relacionados con la compra de tierras por parte de ciudadanos extranjeros.
Tras retirar ese apartado, La Libertad Avanza logró conservar el resto del proyecto, que contempla cambios en el régimen de expropiaciones, procedimientos de desalojos, la Ley de Manejo del Fuego y la modernización del Registro de la Propiedad Inmueble.
Desde el oficialismo aseguraron que, luego del acuerdo alcanzado con sectores aliados, cuentan con las mayorías necesarias para obtener la media sanción durante la sesión prevista para este jueves.
La resistencia al proyecto se intensificó en las últimas horas con críticas de distintos gobernadores. Desde Tucumán, Osvaldo Jaldo afirmó que las senadoras Beatriz Ávila y Sandra Mendoza mantendrán su postura contraria a la iniciativa. A ese rechazo también se sumó la salteña Flavia Royón.
Por su parte, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, sostuvo: «No estamos de acuerdo con la extranjerización de la tierra y no vamos a acompañar iniciativas que avancen en ese sentido en el ámbito nacional».
Además del rechazo político, organizaciones sociales y distintos sectores convocaron a movilizaciones frente al Congreso para manifestarse en contra de la reforma.
Desde la presidencia del bloque libertario aclararon que la eliminación del capítulo no significa su abandono definitivo, sino que será postergado hasta alcanzar un mayor consenso entre las distintas fuerzas políticas.
La última versión del proyecto establecía un límite del 25% de tierras rurales por provincia para compradores extranjeros y exigía una doble autorización, tanto del Gobierno nacional como del provincial, para concretar las operaciones.
Actualmente, la legislación vigente permite que hasta el 15% de la superficie rural de cada jurisdicción esté en manos extranjeras y fija un máximo de 1.000 hectáreas en la zona núcleo para cada propietario extranjero.
Mientras tanto, el bloque justicialista adelantó su rechazo al proyecto. La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti participará de manera remota debido a su embarazo, mientras que la fueguina Cristina López cuestionó duramente la propuesta y acusó al oficialismo de impulsar medidas que afectan la soberanía nacional.
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