El gobernador cuestionó los cambios incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 y pidió a los legisladores que no acompañen las modificaciones. Advirtió que una menor participación del Estado nacional podría generar un “colapso prestacional”.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, expresó su rechazo a los cambios vinculados con discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027 impulsado por el Gobierno nacional.
A través de un mensaje publicado en X, Llaryora sostuvo que la Provincia no acompañará una reducción de los recursos destinados al sector. “Para nosotros, en Córdoba, los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables. No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto nacional que afecte estos derechos”, manifestó.
El mandatario provincial señaló que las políticas destinadas a personas con discapacidad deben garantizar prestaciones, traslados y terapias. En ese sentido, afirmó que “no es beneficencia ni caridad” y planteó que estos servicios no deberían depender de la situación social de las personas ni del lugar de la provincia donde vivan.
Llaryora también se dirigió a los diputados y senadores nacionales por Córdoba y al Congreso en general, a quienes pidió que no acompañen las modificaciones planteadas en el proyecto.
El gobernador aseguró además que la Provincia continuará trabajando junto a casi 350 organizaciones y gobiernos locales para sostener la red vinculada a discapacidad.
Según expresó Llaryora, una menor participación del Estado nacional podría afectar el funcionamiento de las prestaciones. “Sabemos que el esfuerzo que hacemos entre todos no alcanza si el Estado nacional continúa retirándose de sus responsabilidades. Es más: esa retirada nos pone a las puertas de un colapso prestacional”, afirmó.
Por último, el gobernador sostuvo que las necesidades de las personas y sus derechos deben mantenerse como parte de las políticas de inclusión educativa, laboral y social.
El pronunciamiento se produjo después de otros cuestionamientos desde el Gobierno de Córdoba. Días atrás, la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, también había criticado las modificaciones relacionadas con discapacidad y reclamado que el Estado nacional mantenga su responsabilidad sobre estas políticas.
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