En un pronunciamiento sin precedentes, la Cámara Nacional Electoral le pidió al juez federal con competencia electoral en Córdoba, Ricardo Bustos Fierro, que cite a declarar a empresarios que aportaron a la campaña proselitista de Unión por Córdoba en los comicios legislativos nacionales de 2009.

La mayoría de ellos son titulares de empresas que fueron o son contratistas del Estado provincial. Se trata de Aldo Roggio (de la empresa Benito Roggio e Hijos); Mario Buttigliengo y María Ester Boetto (Boetto y Buttigliengo); Miguel Ángel Romero Cammisa (Romero Cammisa); Carlos Bergoglio (Electroingeniería) y Martín Amengual (Regam).

Luego de conocerse la decisión de los camaristas Santiago Corcuera y Alberto Dalla Via, el fiscal federal Enrique Senestrari, quien impulsó la investigación, aseguró que “la mayoría de los partidos” no cumple con las normas de financiamiento de las campañas políticas.

En su pronunciamiento, la Cámara accedió al pedido de Senestrari, que había solicitado “profundizar” la investigación y le “llama la atención” a Bustos Fierro.

Le pide al juez que “al menos” cite a declarar a los empresarios que admitieron haber aportado a la campaña del PJ, cuando Juan Schiaretti transcurría el segundo año de su primer mandato como gobernador.

Anoche, el Partido Justicialista envió un comunicado para sentar posición sobre el tema.

“Ante la decisión de la Cámara Electoral Nacional, respecto del financiamiento de la campaña legislativa 2009, el Partido Justicialista informa que ha declarado oportunamente los ingresos y su origen en la Justicia electoral federal de Córdoba en tiempo y forma, los que fueron convalidados en dos oportunidades por la misma”.

“Los ingresos que fueron observados por la Cámara Federal son provenientes de aportes particulares en forma personal”, señaló el partido. Fuentes del PJ dijeron que los aportes de los empresarios fue de 10 mil pesos cada uno.

En aquellos comicios legislativos nacionales en Córdoba se eligieron nueve diputados y tres senadores nacionales. La competencia más importante fue por las bancas de la Cámara Alta.

Participaron Luis Juez (Frente Cívico); Eduardo Mondino (Unión por Córdoba) y Ramón Mestre (UCR).

Juez fue el candidato más votado y el Frente Cívico se quedó con dos bancas. Segundo fue el radicalismo y Mestre entró por la minoría. El peronista Mondino terminó tercero y quedó afuera del Senado. En la lista para diputados ganó la UCR, segundo fue el juecismo y tercero el PJ.

La causa se inició con un pedido de investigación de Senestrari, pero el juez decidió archivarla. El magistrado tomó el argumento que esgrimieron los apoderados del PJ, en el sentido de que no eran las empresas las aportantes, sino sus dueños a “título personal”.

“Es común que los partidos pongan esos argumentos. Tenemos a un juez federal (Bustos Fierro) muy cercano a los partidos políticos, que permite que ocurran estas irregularidades. A mí me ponen rótulos, pero en realidad pedí sanción para el 99 por ciento de los partidos por distintas faltas. Entre ellos, el Frente para la Victoria”, argumentó el fiscal Senestrari.

La Voz del Interior