El Presidente y el Jefe de Gobierno acordaron trasladar la justicia ordinaria a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
[divider][/divider]
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, encabezaron este jueves en la Casa Rosada el acto de traspaso de la justicia ordinaria a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
En el acto se transfirió parte del fuero penal -el área de robos y hurtos-, el comercial y el de Menores. A su vez, el traspaso se hará de manera gradual y se empezará por los 54 cargos vacantes, entre juzgados, vocalías, fiscalías y defensorías. En la primera etapa serán traspasados 490, entre funcionarios y empleados del actual fuero penal nacional.
En este sentido, Macri afirmó: “Cuando hay una tragedia lo primero que piden las familias es justicia, y para eso necesitamos una justicia más eficiente, cercana, dinámica” y explicó que “en 1994 con la reforma constitucional, gente valiosa para este país, pensó una cantidad de herramientas en función de que en distintos campos la Argentina funcione mejor”.
“Los argentinos pensamos cosas, analizamos nuestro problema, construimos soluciones y después no las implementamos”, aseveró el presidente en una clara referencia a las décadas que tardó en cumplimentarse el traspaso de la justicia y la policía a la Ciudad de Buenos Aires.
Por su parte, el jefe de Gobierno porteño remarcó que “es un paso muy importante para seguir trabajando para darle más seguridad a la gente; es dar un paso más en lo mismo sentido en el que lo dimos cuando traspasamos la policía”, y agregó que “es un avance muy importante porque acerca a la justicia a la gente”.
“Es muy importante para la seguridad el trabajo mancomunado, en conjunto coordinado entre la justicia y la policía”, indicó Rodríguez Larreta y expresó que “estamos con mucha expectativa de que se apruebe lo antes posible para poder trabajar coordinadamente”. A su vez, aseveró que “al igual que con el traspaso de la policía, nadie pierde ninguno de los derechos adquiridos”.
Al convenio firmado por los funcionarios les hace falta la aprobación del Congreso y la Legislatura porteña.
El secretario general de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), Julio Piumato, declaró a su gremio en «estado de alerta y movilización» ante la iniciativa, porque consideró que «los salarios de los magistrados porteños son más bajos, el régimen jubilatorio no está garantizado por ley, se perjudica el acceso a los beneficios de la obra social y, desde la última modificación de ganancias, los trabajadores podrían quedar expuestos a su pago», según informó en un comunicado.
También la Asociación de Magistrados había rechazado la medida, al indicar que «bajo ningún concepto puede variarse el status de un magistrado o funcionario nacional a partir de una ley y mucho menos de un convenio, que tiene menor jerarquía normativa».
