La Justicia de Córdoba ordenó una serie de allanamientos en el penal tras una investigación por amenazas y estafas telefónicas coordinadas desde el interior de los pabellones. Se secuestraron dispositivos móviles, armas de fabricación casera y anotaciones clave para la causa.
El complejo penitenciario de Bouwer volvió a quedar en el centro de la escena tras un masivo operativo policial y judicial. La investigación, que se venía gestando desde hace semanas, logró identificar que una peligrosa red de estafas telefónicas y amenazas extorsivas operaba con total libertad desde el interior de algunas celdas.
Bajo las órdenes de la fiscalía interviniente, las fuerzas de seguridad ingresaron a los pabellones en busca de pruebas que confirmaran cómo los internos lograban contactar a víctimas en el exterior para engañarlas o amedrentarlas a cambio de dinero.
El resultado de la requisa fue contundente. Según fuentes judiciales, el personal de requisas y los grupos especiales lograron incautar varios teléfonos celulares ocultos en huecos de las paredes y mobiliario, utilizados para realizar las llamadas y coordinar los movimientos de dinero, elementos de fabricación casera con punta y filo, que demuestran el nivel de violencia y control interno de estas bandas y se hallaron cuadernos con listas de nombres, números de teléfono y posibles montos de dinero, que serían la «hoja de ruta» de los estafadores.
El modus operandi no difiere mucho de las clásicas estafas telefónicas, pero con el agravante de la intimidación directa. En muchos casos, los delincuentes se hacían pasar por integrantes de fuerzas de seguridad o familiares en apuros, exigiendo transferencias bancarias o entregas de efectivo.
«El avance de la tecnología en las cárceles es un desafío constante para el Servicio Penitenciario. Estos allanamientos son fundamentales para cortar la cadena de mando de estas organizaciones», señalaron fuentes vinculadas a la investigación.
A raíz de los elementos secuestrados, se espera que en las próximas horas se dicten nuevas imputaciones contra internos que ya cumplen condenas, así como también se investiga la posible colaboración de personas externas que funcionaban como «cobradores» o «mulas» para recibir el dinero de las estafas.
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