Las empresas Guaymallén S.A., Lacticiniis S.A., El Talalo S.A. y Espartana S.A.S., pertenecientes al denominado Grupo Rivarola con sede en Arroyito, solicitaron ante el Juzgado Civil, Comercial y de Familia de 1ª Nominación de San Francisco la apertura de su concurso preventivo como agrupamiento económico.
En paralelo, el presidente del grupo, ingeniero Reynaldo Iván Rivarola, presentó su propio concurso personal y pidió suspenderlo hasta que se resuelva el de las firmas principales.
La deuda global supera los 19 millones de dólares, y la situación genera fuerte preocupación en toda la región, especialmente en sectores vinculados a la actividad agropecuaria y lechera.
Un grupo agropecuario en crisis
El expediente, caratulado “El Guaymallén S.A. y otros – Pequeño Concurso Preventivo”, fue presentado el 6 de octubre de 2025 por el abogado Fernando César Aznar.
Las firmas involucradas tienen sede en calle Sarmiento 628 de Arroyito y conforman un grupo empresario dedicado a la siembra de cultivos, producción lechera y cría de ganado, con operaciones en centenares de hectáreas de la región. La presentación se ampara en los artículos 65 y siguientes de la Ley 24.522, que regula los concursos de agrupamientos económicos.
Una deuda que supera los 19 millones de dólares
Según la documentación judicial y fuentes cercanas al caso, el grupo arrastra una deuda multimillonaria compuesta por cheques rechazados y créditos financieros.
En los últimos dos meses se registraron:
- Guaymallén S.A.: 1.234 cheques rechazados por $5.000 millones.
- Lacticiniis S.A.: 479 cheques rechazados por $2.400 millones.
- El Talalo S.A.: 93 cheques rechazados por $717 millones.
En total, los cheques impagos superan los $8.100 millones (unos 5,5 millones de dólares). Sumados los compromisos financieros y comerciales, la deuda total del grupo asciende a $20.000 millones, es decir, 13 millones de dólares adicionales.
Preocupación regional por el impacto económico
El conflicto tiene repercusiones directas en la economía del centro-este cordobés. El Grupo Rivarola mantiene vínculos con proveedores, transportistas, contratistas rurales, cooperativas y trabajadores de Arroyito, Tránsito, Las Varas, El Tío, Sacanta y San Francisco.
La falta de pagos ya afecta a productores que no cobraron servicios, alquileres o trabajos rurales, y se denuncian deudas laborales y pagos en negro.
Referentes del sector agroindustrial advirtieron que la situación “podría arrastrar a otras empresas de la zona que mantenían relaciones económicas con el grupo”, generando un efecto dominó en la cadena lechera y de insumos agropecuarios.
El concurso del garante Reynaldo Rivarola
En forma paralela, Reynaldo Iván Rivarola, ingeniero agrónomo y presidente del grupo, se presentó como persona humana no comerciante para tramitar su concurso preventivo personal. Explicó que su situación financiera está directamente ligada a las sociedades, de las que fue garante ante entidades como el Banco Ciudad de Buenos Aires, la Cooperativa Tambera Las Cañitas Ltda. y Noal S.A..
Pidió que su trámite se suspenda hasta la resolución del concurso de las empresas, conforme al artículo 68 de la Ley 24.522, y que se lo considere dentro del régimen de pequeño concurso, ya que no posee empleados registrados.
Cuestionamientos legales y planteos de inconstitucionalidad
El abogado Aznar planteó la inconstitucionalidad parcial del artículo 68 de la Ley de Concursos y Quiebras, cuestionando el plazo de 30 días otorgado a los garantes para presentarse tras la publicación de edictos. También objetó los aportes obligatorios a la Caja de Abogados y la tasa de justicia provincial, calificándolos como “excesivos” en el contexto actual.
Ambas presentaciones incluyen reserva del caso federal, lo que permitiría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación si los planteos fueran rechazados.
Lo que viene
El tribunal de San Francisco deberá analizar ahora los requisitos formales y sustanciales antes de decidir si abre los concursos preventivos.
Si se conceden, se designará un síndico, se publicarán los edictos y se abrirá el período de verificación de créditos para los acreedores.
Por el momento, los expedientes permanecen en etapa de análisis, sin resoluciones de apertura ni designaciones oficiales.





