La Fiscalía de Estado ordenó investigar a 13 exdirectivos de una fundación. Un espacio de defensa de los Derechos Humanos cifró en por lo menos 134 los presos políticos, desde abril de 2018. Estados Unidos dice que es hora de un “cambio de rumbo”.
La Fiscalía de Nicaragua ordenó ayer investigar las cuentas bancarias de 13 exdirectivos de la Fundación Económica para el Desarrollo Económico y Social (Funides) en el marco de las distintas investigaciones y detenciones que ha ejecutado en las últimas semanas contra opositores y precandidatos presidenciales de cara a las elecciones previstas para el 7 de noviembre.
En un comunicado, informó que continúan las investigaciones sobre la Fundación Violeta Barrios Chamorro, Funides y todas aquellas personas relacionadas con estas organizaciones como otras implicadas por “indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense” y “por haber recibido recursos económicos financiados por fuentes extranjeras”.
La ola de detenciones comenzó a principios de mes con el arresto domiciliario de la opositora y precandidata Cristiana María Chamorro por supuestos delitos de lavado de dinero, gestión abusiva y falsedad ideológica, a través de la Fundación Violeta Barrios Chamorro.
Tras estos arrestos, siguieron otros de líderes opositores como Suyen Barahona, Dora María Téllez, Hugo Torres, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila Rivas, José Pallais, Violeta Granera o José Adan Aguerri.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua cifró en 124 los presos políticos detenidos hasta el momento y que permanecen encarcelados en Nicaragua desde abril de 2018, a los que se suman 10 detenidos antes de las protestas de ese año. Esta persecución se intensificó en las últimas semanas, ante la inminente celebración de elecciones que podrían desplazar a Daniel Ortega en la Presidencia.
Cabe precisar que en el listado solamente se incluyen a las personas presas políticas de quienes se obtuvo autorización fehaciente de sus familiares para su publicación. Desde agosto de 2020, se detectó un incremento de las detenciones y encarcelamiento de personas presas políticas, pasando de 88 a 124 hasta este junio de 2021.
