Nueve detenidos en una megacausa por corrupción y desvío de fondos judiciales: cómo operaban

Hubo procedimientos en distintos puntos de la provincia APGMKMFVENGCBAN7XVGVXTK5N4

Hubo 15 allanamientos simultáneos en Córdoba y Santa Fe. La investigación apunta a presuntas maniobras sobre dinero depositado en cuentas judiciales y alcanza a un exfiscal.

Una investigación por presuntas maniobras de corrupción y desvío de fondos judiciales derivó en 15 allanamientos y nueve detenidos en distintos puntos de Córdoba y Santa Fe.

Los procedimientos fueron realizados por la Policía Federal Argentina en Oliva, Río Segundo, Córdoba capital, Villa María y Rosario. Del total de personas detenidas, siete fueron arrestadas en Santa Fe y dos en Córdoba.

La causa busca determinar qué ocurrió con dinero depositado en cuentas judiciales vinculadas a investigaciones del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe. Entre las personas investigadas aparece además un exfiscal.

La pesquisa comenzó luego de que la Unidad de Delitos Económicos detectara una anomalía en una cuenta judicial y notificara a las autoridades correspondientes.

A partir de esa situación, comenzaron a investigarse presuntas operaciones ilegales sobre fondos pertenecientes a distintas causas judiciales, maniobras que, de acuerdo con la información oficial, se habrían extendido al menos entre 2017 y 2024.

Por el momento, los detalles técnicos sobre la manera en que se habrían desviado esos fondos se mantienen bajo reserva. La información será expuesta durante la audiencia imputativa prevista para la próxima semana en Rosario.

Durante los operativos, los investigadores secuestraron documentación, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés, que serán sometidos a los correspondientes peritajes para avanzar en la reconstrucción de las maniobras investigadas.

Las medidas fueron ordenadas por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional, bajo la conducción del fiscal Adrián Spelta.

La investigación fue considerada uno de los objetivos prioritarios del Plan de Persecución Penal de la Fiscalía General y continuará con el análisis de la documentación y los dispositivos secuestrados para establecer el alcance de las operaciones y determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

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