El fiscal Alvaro Garganta pidió este viernes que el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y varios integrantes de su gobierno vayan a juicio por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, entre otros.
El pedido tiene origen en una investigación por contrataciones irregulares en las Unidades de Pronta Atención (UPA) de Buenos Aires que partió de una denuncia presentada por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió el 31 de mayo de 2016.
La megacausa, a cargo del fiscal Garganta, puso énfasis a las presuntas «cajas negras» de la gestión bonaerense en el lapso 2007-2015.
Scioli tuvo su primera indagatoria por corrupción en mayo, cuando presentó un escrito de 54 páginas en el que aseguró: «Durante toda mi gestión gubernamental he sido muy celoso en el cuidado de los intereses públicos a mí confiados por el voto popular”.
Además, el ex Gobernador afirmó: “Ninguna contratación fue irregular y contaron con la expresa conformidad y ratificación de la Fiscalía de Estado, la Asesoría General de Gobierno y la Contaduría General de la Provincia«.
Según concluyó el fiscal Garganta, funcionarios de la administración que lideraba Scioli habrían sido presionados para adjudicar obras públicas a la empresa Miller Building S.A.
Miller es el empresario que le alquilaba a Scioli un terreno de 41.000 m2, que terminó comprando en USD 3.850.000. La Justicia comprobó que ese lugar no se usaba. En realidad, se abría solo para eventos familiares, como el cumpleaños de Miller.
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