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Piden que se investigue el hackeo a la audiencia virtual por la Autovía de Punilla

Piden que se investigue el hackeo a la audiencia virtual por la Autovía de Punilla

Tras el hackeo el viernes pasado, a poco de iniciarse la audiencia pública virtual convocada por la Provincia por la construcción de la autovía de Punilla, ambientalistas piden que la Justicia investigue el ataque cibernético y reclaman al Gobierno que garantice las condiciones seguras de participación ciudadana.

A través de un comunicado, las Asamblea de Punilla y la Asamblea en Defensa del Ambiente de Córdoba capital, indicaron que la vulneración a la audiencia virtual «hace temer por la seguridad de las cuentas personales».

«Los vecinos y vecinas que nos inscribimos para participar en dicha audiencia virtual, a pesar de denunciar los requisitos abusivos para inscribirnos, hoy nos sentimos profundamente alarmados por haber sido víctimas de un delito cibernético», indica el comunicado y agrega que las personas participantes y asistentes «se vieron violentadas por fuertes imágenes pornográficas. La participación virtual se da en muchos casos desde los hogares y en contextos familiares donde hay menores presentes».

Tras el hackeo, la Secretaría de Ambiente, sin poder neutralizar el ataque, tuvo que dar por suspendida la audiencia y determinó un cuarto intermedio para este lunes, donde se prevé retomar el debate por la construcción de la alternativa de la Ruta 38 que atravesará el valle de Punilla.

El proyecto ha sido fuertemente resistido por el movimiento ambientalista de Córdoba tras el rechazo previo en 2018. Esta nueva traza «es inviable», indicaron desde Funam a este medio previo a la audiencia del viernes.

Por otro lado, la audiencia pública también fue cuestionada ya que no «garantiza la plena participación ciudadana». Para participar del debate, los interesados en exponer debían tener como requisito excluyente, una cuenta en la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), nivel dos.

“De repente incorporan una condición que no tiene ninguna razón de ser”, expresó la semana pasada a La Nueva Mañana, el abogado ambientalista René Amsler, y argumentó que las condiciones del debate vulneran «el principio de la no regresividad en materia ambiental”, que hoy ha sido elevado, incluso a categoría de derecho humano, como lo menciona el acuerdo de Escazú: “Lo que se ha logrado en materia de participación, de ambiente, del derecho al acceso a la información, no se puede ir para atrás. Sería inválido cualquier camino más restrictivo. Y ahora es notoriamente más limitado, por eso marcamos lo de la virtualidad y la necesidad de tecnología para poder acceder”.

Se presentó un amparo solicitando que el debate se pueda hacer de forma presencial con protocolos acordes a la situación epidemiológica, pero el viernes, la solicitud fue rechazada. Sin embargo, la Justicia exhortó al Gobierno a «garantizar máxima conectividad y mayor participación en audiencias ambientales digitales», en «condiciones de igualdad, de los habitantes del valle de Punilla».

Desde las asambleas denuncian el «incumplimiento de la seguridad informática», y reclaman que el Gobierno garantice la seguridad cibernética, como así también la suspensión de la audiencia pública virtual, que el viernes «expuso a 1114 ciudadanos inscriptos, aproximadamente».

En el comunicado volvieron a solicitar que la audiencia sea presencia, «organizada con protocolos en escuelas y garantizando la virtualidad a quienes, por razones de salud, no puedan asistir a la misma».

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