Frente a la parálisis de la reforma laboral, el Gobierno decidió avanzar igualmenteen la creación de la agencia evaluadora de tecnologías sanitarias (Agnet), una de lasiniciativas contempladas en los proyectos que descansan en el Senado.
Como su tratamiento viene demorado en el Congreso, una comisión de técnicosdesignada por el Ejecutivo ya inició evaluaciones de medicamentos de alto costopara definir si son incorporados al Programa Médico Obligatorio (PMO), un viejoreclamo de las obras sociales y prepagas para frenar los crecientes juicios porcobertura de enfermedades y remedios.
Por estas horas, esa es una de las principales tareas a la que está abocadasemanalmente la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud(CONETEC), creada en abril pasado en el ámbito del Ministerio de Salud por laresolución 623 de su titular, Adolfo Rubinstein.
El organismo, similar a la Agnet, está compuesto por funcionarios nacionales yprovinciales, técnicos y representantes de obras sociales y prepagas. De ese modo, elGobierno busca avanzar en dictámenes que limiten los fallos de los jueces en contrade los agentes del sistema.
“Hasta tanto la agencia salga y suponiendo que para octubre fuera promulgada laley, la CONETEC es un paso transicional. Se da un marco explícito mientras loslegisladores debaten”, aseguró Rubinstein semanas atrás durante una charla en laFundación Sanatorio Güemes.
Allí reconoció que la comisión es “una suerte de espejo de la Agnet” y que “ya está trabajando” para resolver los amparos, la desactualización del PMO y los problemascon el sistema de reintegros a las obras sociales, mientras el Ministerio de Salud enparalelo avanza con la Cobertura Universal de Salud (CUS) en el sector público.
En rigor, la mesa técnica de la CONETEC seleccionó tres medicamentos bajoconfidencialidad para evaluar, mientras que la discusión sobre su financiamientoestará a cargo de la mesa política de dicho organismo.
La primera reunión oficial fue en junio y participaron representantes de ANMAT, laSuperintendencia de Servicios de Salud, PAMI, prepagas, obras sociales y de laDefensoría del Pueblo. Desde entonces, los técnicos analizan la eficacia, laincorporación y políticas de cobertura de las drogas de mayor impacto económico.
“La visión es muy optimista, se está evaluando la efectividad, la seguridad y elimpacto presupuestario de las nuevas tecnologías. Después se resuelve si se integra ono al PMO”, explicó a iProfesional Fernando Copolillo, miembro de la Cámara deEntidades de Medicina Privada (Cempra).
Pero también reconoció que en la discusión está presente la cuestión de lalitigiosidad y el modo de financiamiento. En 2017 hubo 2.800 amparos contra lasobras sociales y prepagas por tratamientos, procedimientos y medicamentos que nofiguran en el PMO.
Según fuentes oficiales, uno de los medicamentos bajo análisis es el Nusinersen (denombre comercial Spinraza) para el tratamiento de la Atrofia Muscular Espinal(AME), una enfermedad genética, degenerativa y mortal que en la Argentina afecta a400 personas.
Como el nuevo remedio es muy costoso, las instituciones médicas evitan suutilización, pero ya hay 45 casos que accedieron a través de la vía judicial. Ese vacíolegal por falta de un marco normativo es el que el Gobierno y los prestadores buscanllenar con las recomendaciones del organismo.
Nuevas tecnologías
De acuerdo con datos oficiales, el costo por paciente en el primer año de tratamientoes de casi $17 millones. Por lo tanto, si la cartera de Salud diera tratamiento a todoslos afectados, debería destinar más de $6.500 millones, un 10% del presupuesto delárea y una cifra superior al costo de provisión del programa de vacunas, que es de$5.500 millones.
“Son costos impagables”, sostuvo en la charla Rubinstein. Y señaló que “loscanadienses resolvieron que tienen que bajar 10 veces el precio del Nusinersen”.
Por ello, la idea es registrar la droga, reducir su valor y ofrecer una coberturalimitada para los casos más graves. El funcionario se lo adelantó semanas atrás a laAsociación Civil Familias AME Argentina.
Pero los familiares de pacientes en Argentina piden que las obras sociales y prepagascubran en el PMO a todos los afectados o bien que el costo lo asuma el Ministerio deSalud. Los tiempos son clave porque en el medio mueren niños.
El debate sobre la nueva droga se intensificó desde el 23 de diciembre de 2016, cuando la ANMAT de Estados Unidos, denominada FDA, aprobó el Spinraza paratodo tipo de AME (1, 2 y 3) y todas las edades. Luego le siguió la Agencia Europea deMedicamentos y se sumaron Japón, Canadá, Australia, Corea del Sur, Suiza, Chile yBrasil, entre otros.
Para los prestadores, una de las principales cuestiones es “quién paga” eltratamiento. Por ello, creen que la comisión es un paso en favor de un “uso racionalde recursos”.
“El juez puede aceptar un amparo igual, no es vinculante el dictamen, pero es unelemento a tener en cuenta”, reconoció un integrante de la mesa técnica. Sinembargo, dentro del organismo transicional son varios los que aspiran a que lafutura agencia vaya más allá y sea convocada por el juez como perito de parte anteun litigio. “Eso se verá en la reglamentación”, sostienen.
Por ahora, lo cierto es que la comisión de Salud del Senado, encabezada por elradical Mario Fiad, activará el proyecto en las próximas semanas, tras el rechazo dela Cámara alta al proyecto de aborto legal, seguro y gratuito.
Mientras tanto, el Gobierno concentra sus esfuerzos en la CONETEC, donde cuentacon el aval de los gremios de la CGT y las empresas. Si bien la comisión puede invitara un representante de las asociaciones de pacientes, las asociaciones de usuarios ylos trabajadores profesionales de la salud aseguran que fueron excluidos y que laconformación del organismo representa un “conflicto de intereses”.
“La Agnet es un reclamo de la medicina prepaga, de los financiadores de la salud ylos dirigentes de CGT que administran obras sociales para bajar litigiosidad de lospacientes de tratamientos que no están incluidos en el PMO», advirtió orgeYabkowski, titular de la Federación de Profesionales de la Salud, Fesprosa, quenuclea a más de 20.000 en todo el país y que está enrolada en la CTA Autónoma.
Y agregó: «En su idea original, el proyecto buscaba crear un paratribunal para quelos reclamos pasen por ahí y liberen al juez de otorgar amparo. Es una filosofía de larestricción similar a la Ley de ART”.
La reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo aprobada en febrero del año pasadoreinstaló las comisiones médicas, que se convirtieron en un paso obligado previo ala Justicia para los trabajadores que sufran un accidente laboral.
Estos organismos integrados por médicos habían sido declarados inconstitucionalespor la Corte Suprema, pero los cambios en la normativa acordados entre elGobierno, la CGT y las aseguradoras las volvieron a convertir en vía inmediata paraobtener un resarcimiento -menor al reconocido por los jueces- y así evitar ladenominada “industria del juicio”.
Cambios en la cobertura
Otra de las tareas en las que trabaja el Gobierno es la reformulación del ProgramaMédico Obligatorio, una canasta básica de prestaciones que deben brindar las obrassociales, sin carencias o exámenes de admisión. La potestad de definir la canastahoy la tiene el Ministerio de Salud, pero las recomendaciones de la CONETEC y lafutura Agnet van a influir sobre nuevas tecnologías, prácticas y medicamentos.
La intención de Salud es hacer “explícito” un paquete de servicios y tecnologías quese debe garantizar a los beneficiarios y cómo va a ser financiado por las prepagas enel caso del PMO.
Según Fesprosa, un 40% del programa mínimo no se cumple en la práctica. Entonces ¿se busca ampliar la cobertura? Desde la CONETEC respondieron que setrabaja en una “actualización” que permita reglamentar con evidencias científicasnuevas tecnologías, como Nursineser, las drogas oncológicas y los antivirales paratratar la Hepatis C. Y dar baja aquellas que supuestamente quedaron obsoletas. Esesería el caso, por ejemplo, de ciertas prácticas quirúrgicas, diagnóstico por imagen yendoscopías.
Pero, en paralelo, los funcionarios también buscan redefinir la cobertura médica enel sector público a través de la instrumentación de la CUS.
Inspirados en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y elBanco Mundial, el ministerio de Rubinstein observa que hay una cobertura implícitade acceso universal que en la práctica se traduce en listas de espera, la negación deatención y conflictos judiciales. “Si el racionamiento es la alternativa, la únicaposibilidad de avanzar en legitimación social es explicitar lo que se cubre”, afirmaRubinstein.
Detrás de estos ejes, la preocupación del Gobierno se centra en la estrategia definanciamiento ante lo que definen como “la sábana corta” o la falta de recursos paracubrir una demanda infinita. Parten del diagnóstico que la expectativa de vidaaumentó y el envejecimiento disparó el costo de la medicina por la innovacióntecnológica para hacer frente a enfermedades crónicas en los adultos mayores.
Así, la Argentina gasta más del 10% del PBI en salud, lo que representa u$s8.200millones al año. De ese gasto, el 25% son medicamentos especiales obiotecnológicos, 70% ambulatorio y el resto venta libre.
“Si voy al cine, no tengo para la cena”, señalan desde Salud, con una metáforasimilar a la del “flan”, utilizada por el humorista Alfredo Casero en TV para justificarla política económica, lo que generó polémica a la vez que entusiasmó al oficialismo.
En efecto, las directivas sanitarias se enmarcan en el ajuste previsto por $300.000millones del Gobierno para reducir el déficit fiscal, que contempla el congelamientosalarial y la reducción de puestos “innecesarios” en el sector público.
En Fesprosa sostienen que hay una decisión de disminuir drásticamente la oferta deservicios públicos gratuitos, lo que se reflejaría en los despidos en el HospitalPosadas y Garrahan, el plan de cierre de cinco hospitales en la Ciudad y el anunciode la gobernadora María Eugenia Vidal de frenar otros cinco en construcción en elconurbano bonaerense.
En paralelo, el Gobierno avanzó en la adhesión de 14 provincias a la CoberturaUniversal de Salud, el nuevo sistema con el que se busca cubrir a 16 millones depersonas que hoy no tienen prepaga ni obra social. Esto se financiará, en parte, con$8.000 millones de un fondo de $23.000 millones que corresponden a las obrassociales y que las autoridades decidieron reintegrarles en forma parcial en 2016, como parte de un acuerdo con la CGT.
Su implementación provocó un conflicto con Santa Fe, en donde plantearonobjeciones a la CUS y denunciaron recortes por parte de Nación en vacunas ytratamientos de alta complejidad, pero desde Salud lo niegan.
Por otra parte, la nueva cobertura está vinculada a la futura agencia de evaluación detecnologías, ya que ésta será la encargada de definir la canasta que cubrirá la CUS.
En el área de Rubinstein señalan que este programa va a facilitar el acceso a turnos ytratamientos, entre otros beneficios. Pero los profesionales de la salud creen que alfijarse una canasta limitada se van a “excluir” prestaciones que hoy ya estáncontempladas en el sistema público y que no se cumplen por restriccionespresupuestarias.
Por último, otro tema que genera incertidumbre es el sistema de reembolsos a lasobras sociales, denominado SUR, que devuelve dinero a las obras sociales portratamientos complejos y costosos.
Cualquier cambio en el PMO impacta directamente en las prestadoras. Una opciónque se evalúa es crear un fondo de enfermedades catastróficas, como se denomina alas de mayor impacto económico, algo que ya existe en otros países. La modalidad ysu financiamiento todavía está en discusión.
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