Por los derechos y más presupuesto, marchan por la Salud Mental en Córdoba

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Contra las propuestas electorales que plantean la retirada del Estado y la pérdida de derechos, el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental reclama por la implementación plena de la Ley 26.657: “La Salud Mental no se negocia”.

“¿Por qué es importante la marcha?”, pregunta la trabajadora social y docente universitaria Maira Bustos  mientras recorre con la mirada la sala donde una veintena de jóvenes y adultos, usuarias y usuarios de los servicios de salud mental, participan en barrio General Bustos de un debate previo a la movilización de este viernes. Nadie se anima al principio, pero las respuestas, simples y espontáneas, van saliendo: “Para defender lo público”, “para visibilizarnos”, “por las condiciones de los trabajadores”, “para que la gente tome conciencia que tenemos derechos al ser usuarios de salud mental”, “para que las autoridades destinen presupuesto”.

En la sede del Programa del Sol sobre la calle Diagonal Ica, el centro de prevención y tratamiento para el consumo de sustancias que asiste a personas sin cobertura social, unos días antes a la 10° Marcha por la Salud Mental -que parte este viernes desde Colón y Cañada a las 17 y recorre parte del centro-, se toman el tiempo para leer y compartir opiniones sobre la Ley 26.657 que habla sobre el derecho a la protección de la Salud Mental, en particular, el artículo 4 que plantea los derechos de las personas con consumos problemáticos cuyo abordaje debe ser parte integrante de las políticas de salud mental. La legislación nacional sobre la que hablan tiene ya 13 años, y nunca se implementó plenamente.

En ese marco es que cada año, usuarios y usuarias de los servicios de salud mental, las y los trabajadores del sector; organizaciones sociales, políticas y civiles que conforman el Colectivo por el Derecho a la Salud Mental, salen a la calle para “defender los avances en el área de la Salud Mental y para seguir exigiendo por la vida digna”.

“Las personas que tienen problemas de salud mental no dejan de ser personas con derechos. Esto es importante resaltarlo, siguen teniendo exactamente los mismos derechos que tiene el resto, y conocer la ley que los protege es importante”, dice Bustos y añade: “Por eso, es necesario habitar la calle, participar de esos espacios donde esto se hace público, donde lo que siempre está encerrado se vea, se visibilice”.

-¿Qué hace falta atender con urgencia a nivel local en cuanto a la salud mental?

-Acá la urgencia es que dejen de matar pibes con problemas de salud mental a manos de la Policía, o en espacios del Estado. Me parece urgente atender la vulneración de derechos que hay en este vínculo de problemas de salud mental, problemas de consumo y juventudes, porque es hacer visible el artículo cuatro de la Ley de Salud Mental que sostiene que las problemáticas de consumo son problemáticas de salud mental, y el acceso, la forma, tiene que ver con espacios de salud. Hace un año mataron a Ezequiel Castro, por quien se sigue reclamando justicia, y las lógicas de sujeción social sobre las personas que tienen problemas de consumo creo que es algo urgente que hay que atender en este momento.

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