El proyecto contempla $7,3 billones para las universidades públicas, mientras que el Consejo Interuniversitario Nacional reclama $11 billones para garantizar el funcionamiento durante 2027.
El Gobierno nacional envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con una partida de $7,3 billones para las 60 universidades públicas del país. El monto queda por debajo de los $11 billones que solicitan los rectores para afrontar los gastos del próximo año.
La propuesta fue presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el marco de las discusiones presupuestarias y volvió a poner en el centro de la escena el conflicto entre las universidades y el Poder Ejecutivo.
El presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió sobre las consecuencias que podría generar la diferencia entre ambas propuestas.
“Si no logramos que el Congreso introduzca modificaciones al proyecto de Presupuesto 2027, que sea revisado y actualizado, vamos a tener serias dificultades para empezar a dar clases el año que viene”.
Según explicaron los rectores, los $11 billones solicitados contemplan salarios docentes y no docentes, gastos de funcionamiento, infraestructura, ciencia, tecnología, becas y hospitales. La partida destinada a salarios representa cerca del 90% del presupuesto total estimado.
Desde las universidades sostienen que, para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo debería haber contemplado como base $9,8 billones. Con las actualizaciones correspondientes a otras áreas, el pedido alcanza los $11 billones.
Bartolacci sostuvo que la diferencia está relacionada con el cumplimiento de la legislación vigente: “Nuestra propuesta incorpora el financiamiento y la del gobierno no”, señaló.
La discusión por los salarios
Desde el Poder Ejecutivo consideran injustificado el reclamo de las universidades y aseguran que el funcionamiento de las instituciones está garantizado para 2027.
El Gobierno indicó además que el proyecto contempla un incremento del 20% en los gastos de funcionamiento y una inflación proyectada del 18% para el próximo año.
Uno de los principales puntos de discusión está en los salarios. El oficialismo sostiene que los acuerdos paritarios alcanzados, con un aumento del 21,3% en junio y del 3% en octubre, dejan los haberes un 1,15% por encima de lo establecido judicialmente.
Las universidades, en cambio, cuestionan ese cálculo y afirman que los incrementos otorgados solo cubren una parte de la recomposición pendiente. Según las autoridades universitarias, todavía resta un 31,2% de recomposición salarial para cumplir con la normativa.
Una disputa que también llegó a la Justicia
El conflicto mantiene además una instancia judicial. En diciembre, el juez en lo Contencioso Administrativo Martín Cormick había ordenado al Ejecutivo cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
El 1 de septiembre, el magistrado rechazó un pedido del Gobierno para levantar la medida cautelar y ratificó su vigencia. Previamente, el 25 de junio, la Corte Suprema de Justicia había dejado firme la cautelar.
Ante la falta de efectivización de los pagos, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó un pronto despacho ante el juzgado. Además, las universidades realizaron presentaciones para reclamar multas a funcionarios e intimaciones vinculadas a una posible causa penal por desobediencia.
Mientras continúa el debate en el Congreso, los rectores también prevén presentar su propuesta presupuestaria ante los gobernadores de las provincias donde funcionan las universidades públicas.
Presupuesto 2027: el Gobierno envió el proyecto al Congreso y el debate comenzará en octubre





