Prostitución VIP: la causa que involucra a Leandro Santos y recuerda al caso Jeffrey Epstein atormenta a la farándula

F960x540 229040 303115 5050.jpeg

Promesas de modelaje, viajes y contactos con figuras influyentes: la investigación sobre la llamada “Prostitución VIP” expuso un entramado que, según la justicia, captaba jóvenes con falsas oportunidades en el mundo del espectáculo para derivarlas a encuentros con hombres de alto poder adquisitivo.

Tras más de quince años de dilaciones, artilugios jurídicos y aparente protección política, la causa más emblemática sobre “Prostitución VIP” de la Argentina, que tuvo como cara visible al representante de modelos Leandro Santos y a sus hermanos Rodrigo y Micaela, fue elevada a juicio oral en 2023 por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos. Sin embargo, acá la causa se sigue dilatando porque factores de poder impiden su avance.

La agencia de modelos Latin American Models, dirigida por Leandro Santos, manejó durante un largo período el mundo del espectáculo y la farándula con fuerte presencia en la televisión, el teatro y los eventos de la noche.

Escándalos públicos, vicios privados y un sugestivo poder extorsivo de la mano del sexo y el erotismo en los mundos de la política, la farándula y los negocios se sucedieron durante años, hasta que la justicia uruguaya avanzó con la investigación.

Como nexo entre distintos ámbitos de poder y el mundo del modelaje, el nombre de este representante comenzó a repetirse en diferentes causas vinculadas a extorsión, trata y proxenetismo.

Santos llegó a manejar más de ciento cincuenta modelos y entre las más populares se encuentran Zaira Nara, Barby Franco, Ailén Bechara, Cinthia Fernández, Gisela Berger, Maipy Delgado, la “sueca” Alejandra Larsson, Lola Becerra, Tamara Gala, Adabel Guerrero y Sofía Macaggi, entre otras, aunque esto no implica que hayan participado de las actividades ilegales de Santos.

La causa de “Prostitución VIP” explotó en Uruguay durante los colosales veranos de Punta del Este y desde allí la investigación llevó a que la jueza especializada en Crimen Organizado, Graciela Gatti, en la causa N° 474-161/2010 —que la prensa denominó “Operación Blanca”— solicitara la extradición del representante.

En Argentina la causa pasó por los Tribunales Federales de Comodoro Py, primero a cargo del juez Claudio Bonadío y finalmente del juez Sebastián Casanello, quien durante la instrucción de la causa N° 1122/2015 dictó el procesamiento contra Santos y su familia, además de imponerles un embargo millonario.

Una de las circunstancias llamativas del caso fue que el primer abogado de Leandro Santos fue el doctor Mariano Cúneo Libarona, quien se encontraba a su lado en una conferencia de prensa cuando agentes de Interpol irrumpieron y detuvieron al representante frente a las cámaras de televisión.

Posteriormente su defensa quedó en manos del abogado Fernando Burlando, quien dejó el caso tras el procesamiento dictado por el juez Casanello.

Como acusador actuará el fiscal general federal Miguel Ángel Osorio, mientras que el encargado de impartir justicia será el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrado por los jueces Ricardo Basílico, José Michilini y Adrián Grünberg.

Las similitudes con el caso Epstein

En distintos ámbitos judiciales y mediáticos, algunos analistas trazan paralelismos con el caso del financista estadounidense Jeffrey Epstein. La comparación surge por ciertos elementos estructurales: el uso de promesas de oportunidades —en ese caso académicas o laborales, y en este vinculadas al modelaje— para captar jóvenes, la presencia de figuras de alto poder adquisitivo dentro del circuito de clientes y el prolongado tiempo que las investigaciones demoraron en avanzar pese a las denuncias existentes. Aunque se trata de contextos y dimensiones diferentes, el patrón que señalan los especialistas es similar: redes que operan en la intersección entre dinero, poder y explotación, donde la influencia social de los involucrados suele dificultar que las causas avancen con rapidez.

Datos sobre la causa

En la elevación a juicio de Leandro Santos y su organización, el juez Casanello destacó que “la referida actividad delictiva investigada en jurisdicción extranjera era llevada a cabo mediante la captación de mujeres con fines de explotación sexual”, en el contexto de promesas formuladas a las víctimas sobre una carrera en el modelaje.

Según la investigación judicial, el mecanismo incluía fases de reclutamiento en Uruguay, traslado a Punta del Este y Buenos Aires, y alojamiento en ambas ciudades. A las jóvenes se les prometían oportunidades en desfiles, presencias en locales nocturnos, apariciones televisivas y contactos con personas influyentes, para luego comunicarles que el verdadero objetivo de su contratación era mantener relaciones sexuales con hombres de alto poder adquisitivo.

La causa, que consta de seis cuerpos y que desde 2023 ya cuenta con fiscal y tribunal federales, acumula una extensa serie de demoras que muchos observadores atribuyen al peso de distintos factores de poder.

Uno de los episodios clave que impulsó la investigación fue la denuncia de una menor de edad que aseguró haber sido explotada en un lugar conocido como “El Galpón de los Santos”, ubicado en la calle Castillo del barrio porteño de Palermo. Según la causa, allí habrían concurrido empresarios, políticos, funcionarios, deportistas y figuras del espectáculo como clientes de este circuito de prostitución VIP.

Consultado sobre el funcionamiento de la agencia de los hermanos Santos, el manager de medios Jorge Zonzini —conocido por trabajar con figuras del espectáculo, el arte y la política— señaló que “no formaban carreras para sus modelos, pero llamativamente sus chicas tenían excesiva presencia en casinos, bingos, eventos privados nocturnos y programas de televisión”.

Por último, Zonzini sostuvo que el vínculo entre erotismo y poder existe desde tiempos remotos y recordó ejemplos históricos en los que la belleza y la influencia se entrelazaban con la política.

Cabe recordar que los socios uruguayos de la agencia Latin American Models ya cumplen penas de prisión en Uruguay por proxenetismo, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos.

Queda abierta la reflexión sobre por qué, ante delitos similares y actividades comparables, una causa iniciada en Uruguay en 2010 aún no ha llegado a una resolución definitiva en la Argentina, tras más de quince años de recorrer los despachos judiciales.

Compartí esta noticia