Funcionarios de la administración de Martín Llaryora expresan malestar por el nuevo sistema de restricciones que centraliza todas las erogaciones operativas y obliga a pedir autorizaciones incluso para gastos menores, en un contexto de caída de recursos nacionales.
El gobernador Martín Llaryora implementó desde finales de marzo un esquema más rígido de control de gastos en las principales áreas del Estado provincial. Algunos funcionarios lo han bautizado como “el embudo”, porque todo debe pasar por la aprobación final de Gerardo Pintucci y Mónica Zornberg, del equipo del ministro de Economía.
En la práctica, ministros y secretarios deben adoptar mayores recaudos para realizar cualquier erogación operativa. “Hoy, si querés comprar dos lapiceras, tenés que pedir autorización. Es un verdadero embudo”, graficó uno de los afectados.
La directiva clara del gobernador es priorizar solo aquellos gastos que tengan “contacto directo con el territorio” y que sean valorados por los ciudadanos. Esto se da en medio de la sostenida baja en la coparticipación federal, que ha obligado a recalcular el presupuesto provincial.
Si bien hay quejas por las demoras e impedimentos que genera el nuevo esquema, otros funcionarios de primera línea lo apoyan. “Es cierto que es más engorroso y que el grifo se cerró. Pero algunos colegas míos no se daban cuenta del momento de falta de recursos que estamos pasando”, señaló un integrante del gabinete llaryorista.
Esta medida se suma a las restricciones que Llaryora viene aplicando desde hace semanas, centralizando los gastos de todos los ministerios para enfrentar la disminución de ingresos.
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