La Corte Suprema de Justicia, mediante la decisión de los conjueces Julio Cesar Rivera, Diego Botana, Veronica Nidia Torres, Maria Rosa Caballero y Alberto García Lema, quien se mostró en disidencia, resolvió confirmar un fallo que rechazó un reclamo de actualización salarial por inflación promovido por un grupo de jueces y un fiscal general.
Los actores pidieron que se actualicen las remuneraciones. Así, el reclamo se centraba en que se actualicen las diferencias que percibieron a partir de octubre de 1991 y las que debieron percibir si se las hubiese ajustado al comienzo de cada ejercicio presupuestario, según el índice de precios al consumidor nivel general, en los siguientes cinco o más años.
De este modo, los demandantes expresaron que desde esa fecha, gracias a la ley de emergencia económica, se prohibió la indexación de precios. En este contexto, el fallo de primera instancia los favoreció, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó lo decidido. Desde este ámbito judicial, argumentaron que la garantía de intangibilidad de las remuneraciones del articulo 110 de la Constitución no resguarda a los jueces “del envilecimiento de la moneda mediante procedimientos automáticos, pues, si así fuera, no se haría más que conferir un privilegio sin justificación”.
En este aspecto, la Corte acompañó la decisión de revocar la sentencia, y de esta forma desestimó la hipótesis de los actores respecto de que la garantía “importa un mandato al Congreso Nacional de mantener las remuneraciones de los jueces en valores constantes, garantía que sería reconocida a los magistrados a los efectos de preservar la independencia del Poder Judicial”.
En tanto, tras pronunciar su decisión, el Máximo Tribunal juzgó que una violación del artículo 110 requiere “un detrimento especial de la situación económica de los magistrados en comparación con las condiciones económicas de los otros integrantes de los otros poderes del Estado”. Esto significa que, en sus justificaciones, los ministros resaltaron que sería necesario que los magistrados ganen mucho menos que funcionarios del Poder Ejecutivo o Legisladores.
