Lo que inició como un conflicto familiar derivó en una grave causa penal. El Dr. Osvaldo Luis Rubiolo acusa a un depositario judicial por el faltante de alhajas, divisas y documentos sensibles. Apunta contra la «inacción» de la fiscalía de Río Tercero.
El Dr. Osvaldo Luis Rubiolo, médico psiquiatra de 70 años expuso una situación que califica como «oscura» y «humillante».
El conflicto tiene su centro en una propiedad en Santa Rosa de Calamuchita. Según la denuncia, tras un proceso de divorcio y la usurpación de la vivienda por parte de su exesposa (ya fallecida), el hermano de esta, Germán Darío Campero, fue designado por la Justicia como depositario judicial de los bienes. Sin embargo, al recuperar la casa en mayo de 2022, Rubiolo se encontró con un escenario devastador.
Lo que desapareció de la vivienda no es solo valor económico, sino información de altísima sensibilidad. El Dr. Rubiolo denunció el faltante de:
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Historias clínicas y pericias psiquiátricas judiciales: Documentos privados de pacientes involucrados en causas penales importantes.
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Efectivo: 900 dólares, 500 euros y 30.000 pesos.
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Objetos de lujo: Alhajas de oro, relojes de alta gama, trajes y zapatos italianos.
«Hay pacientes que pueden ver ventilados hechos muy privados», advirtió el profesional, remarcando que esta filtración impide que pueda desarrollar su labor como perito en causas penales de gran relevancia.
El eje de la indignación de Rubiolo no es solo el robo, sino el trato recibido en los tribunales de Río Tercero. El médico y su abogada, la Dra. García Galván, apuntan directamente contra el fiscal de Instrucción, el Dr. Alejandro Carballo.
Rubiolo describe haber sufrido esperas de horas para no ser atendido y un desinterés marcado por parte del fiscal y su secretaria. «Si yo voy a robar una bicicleta, a mí me detienen; esta persona tiene un montón de cosas robadas y no le hacen nada», sentenció el psiquiatra.
No descarta recurrir a instancias superiores ante la falta de imputación de Campero por «administración infiel» y «retención indebida».
Mientras la causa parece estancada en los pasillos de Río Tercero, el riesgo de que datos privados de ciudadanos salgan a la luz sigue latente, transformando un pleito por una vivienda en una verdadera crisis de confianza institucional.
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