La concejal Cecilia Roffé presentó un proyecto de ordenanza que establece la obligatoriedad de presentar certificados de antecedentes penales como requisito previo para el ingreso a la Administración Pública Municipal.
La iniciativa dispone que toda persona que sea designada como funcionario, agente o empleado municipal, sin importar la modalidad de contratación, deberá acompañar, antes del dictado del acto administrativo correspondiente, el Certificado de Antecedentes Penales expedido por la Policía de la Provincia de Córdoba y el Certificado de Reincidencia emitido por el Registro Nacional de Reincidencia. Ambos documentos deberán contar con una antigüedad no mayor a treinta días.
«El objetivo es claro: recuperar la confianza de los vecinos en las instituciones públicas, estableciendo reglas transparentes y exigencias básicas para quienes integran el Estado”, sostuvo la autora del proyecto.
En este sentido, la propuesta busca fortalecer los mecanismos de control previo en el acceso al empleo público, evitando la designación de personas con antecedentes incompatibles con el ejercicio de la función pública y garantizando estándares mínimos de integridad en la Administración.
Finalmente, Roffé señaló que “es fundamental que el Estado dé el ejemplo. No puede haber confianza pública sin reglas claras ni controles. Este proyecto apunta a ordenar, prevenir y garantizar que quienes acceden a la función pública cumplan con condiciones básicas de idoneidad y conducta”.
Roffé propone un marco legal para agilizar los expedientes y garantizar respuestas a los vecinos
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