Hace tres décadas se iniciaba la privatización del agua y las cloacas en Santa Fe que, de haber sido exitosa o cumplido sus objetivos, hoy terminaría su plazo de concesión con las inversiones que había previsto su contrato.
Este 5 de diciembre se cumplieron 30 años de la firma del Contrato de Concesión entre el Estado Provincial y la empresa de capitales franceses Lyonnaise des Eaux. Según los objetivos de aquella privatización, hoy todos los santafesinos del área de actuación de la compañía que luego fue parte del grupo Suez deberían tener agua potable y cloacas.
En 1995, la misma firma que operaba esos servicios en la Ciudad de Buenos Aires y su Conurbano ganó la licitación santafesina. No se exigió el pago de un canon a cambio de explotar el negocio. La obligación de los inversores era construir las cañerías de ambas redes para llegar a todos y mejorar los sistemas operativos para contar un servicio de calidad.
Quien revise lo ocurrido en estas tres décadas verá que fue la excepción y no la regla el cumplimiento de una sigla de la que en los ‘90 y principios del actual siglo era de cita frecuente en el muy caliente debate sobre esa privatización: el “PGMDS” o Plan General de Mejoras y Desarrollo del Servicio (PGMDS) y “asegurar la correcta prestación del servicio” fueron las obligaciones previstas en el fallido Pliego y el Contrato de Concesión fallido.
Solo en dos oportunidades, el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress) -otra sigla nacida en aquellos años- observó que se alcanzaron las inversiones del PGMDS y se aplicaron los aumentos de la tarifa previstos, del 4%. Para entonces (sin inflación) era una cifra considerable.
En plena estabilidad
Es importante comprender que el fallo del objetivo del contrato se produjo mientras el país ofrecía condiciones ideales para las inversiones: no había inflación, el valor del dólar era de un peso y existían condiciones para planes de financiación que podían llegar a los propietarios de las viviendas, para dejar de ser “usuarios potenciales” y convertirse en “clientes” de esa empresa.
Esta última palabra también ha quedado en desuso desde 2006 en adelante, con la reestización y la creación de Aguas Santafesinas SA (Assa).
En síntesis, no se cumplió el contrato cuando se pudo obligar o reclamar su obediencia.
Carlos Reutemann llevó adelante la privatización y aunque ya gobernaba Jorge Obeid en 1997 su posición fue decisiva para que se apliquen suspensiones de esas exigencias contractuales, para evitar subas en las boletas de agua y cloacas. “Hay que meter el contrato en un freezer”, graficaba el «Lole»
Cuando se mira hacia atrás, puede verse que en la primera década de las tres previstas por el compromiso firmado por concedente (el Estado) y concesionario (la empresa) se perdió la oportunidad de avanzar con inversiones que todavía Santa Fe no ha logrado por completo.
Es cierto que se extendieron cloacas en la zona sur, en el barrio Centenario, por ejemplo, pero es enorme el atraso en inversiones para las plantas potabilizadoras de las dos ciudades más importantes de la Provincia.
Rosario y Santa Fe han recibido mejoras parciales, pero entre aportes nacionales de una provincia discriminada por el kirchnerismo, ajustes del macrismo y proclama de la política de «obra pública cero» de los libertarios, es escaso el desarrollo de las obras para lo que urge, duplicar su capacidad de producción tanto en el sur como en la capital provincial. (Este año, antes de las elecciones, la Nación prometió retomar los trabajos).
Las privatizaciones en la Argentina en la década del ‘90 fueron llevadas a cabo por el peronismo que gobernaba tanto a nivel nacional como en Santa Fe. Y contaron con el apoyo de buena parte de la oposición radical de entonces: en especial del sector mayoritario era liderado por el ex intendente de Rosario, Horacio Usandizaga.
Hoy debe decirse que si bien la experiencia privada santafesina fracasó (y generó un juicio millonario contra la Argentina que se dirime fuera del país) la ex Aguas Provinciales de Santa Fe, entre 1995 y 2006, logró un modelo de gestión bastante más eficiente que el anterior de la DIPOS en términos de funcionamiento y modernización de sus sistemas hasta que agotó la capacidad de la infraestructura existente y comenzó a tropezar incluso con la calidad del servicio por la falta de inversiones relevantes.
Otras provincias formularon políticas sanitarias diferentes al privatizar y en cambio apostaron más a la gestión que a la inversión de los particulares. Son interesantes los casos de las ciudades de Córdoba (cambió de operador e incorporó a capitales argentinos) y de Corrientes (nació con capitales locales) y recogen elogios, pero no sucede lo mismo con las también privadas de Santiago del Estero y Misiones.
Perspectivas
Sin dudas, las dos décadas siguientes de gestión de una sociedad anónima cuyo paquete accionario pertenece a la provincia y las municipalidades del área concesionda merecen también un análisis crítico porque las frustraciones de los usuarios potenciales no han cambiado.
El 31 de diciembre concluye la prorrogada Ley de Emergencia para ASSA y aún no hay anuncios respecto de si será o no parte del temario de extraordinarias. O si se normalizará la situación. En este plazo, la empresa ha logrado equilibrar sus números, aumentos y reformas tarifarias mediante. También con procesos de mayor eficacia y ajustes internos.
Mientras tanto, el contrato de vinculación “provisorio” que se puso en marcha como excepción en 2006 para que el sector público reasuma los servicios también se convirtió en regla durante estos casi 20 años.
A Aguas Santafesinas SA le resta muchísimo por hacer y cada corralito en la calle, cada canilla sin servicio y cada pozo negro en el área de concesión lo prueban.
De todos modos, también muchísimo se ha avanzado desde la Provincia en obras por fuera del área de concesión con la llegada del servicio mediante procesos de ósmosis inversa en las áreas jaqueadas por el arsénico, por ejemplo. Lo principal ha sido la planificación de los 12 acueductos y sus plantas de potabilización, con una ejecución progresiva, que se mantiene como política de Estado desde 2007.
Son 335 los llamados “otros prestadores” que esperan un trato más equitativo. De ellos 229 están en manos de comunas, 31 de municipalidades y 127 de cooperativas.
En los tres casos, fueron esas comunidades por distintos mecanismos de organización quienes buscaron suplir la ausencia del Estado nacional primero y del provincial luego. El próximo paso que de Santa Fe debe pensar tanto en qué hacer con su prestador como con todo ese conjunto
