Cuarenta y ocho denunciantes acudieron al Comité de Derechos Humanos de la ONU por fallas en la gestión de desastres y el plan de reasentamiento.
Sobrevivientes del alud registrado en 2019 en Bududa, Uganda, que dejó más de 53 muertos, llevaron su caso ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Los 48 peticionarios sostienen que el Estado infringió disposiciones constitucionales al no aplicar políticas efectivas de prevención y respuesta ante desastres ni resguardar sus derechos.
El planteo se produce mientras el gobierno impulsa un esquema de reasentamiento con una compensación de 18 millones de chelines ugandeses por familia, monto que los afectados consideran insuficiente, y fija entre noviembre y diciembre el plazo para evacuar zonas de alto riesgo bajo amenaza de desalojo forzoso. El expediente podría sentar un antecedente internacional en materia de derechos humanos y adaptación climática.





