Es Abelardo Losano, integrado a la bancada oficialista de Juntos por Córdoba, quien quiere un registro municipal de conductores de las aplicaciones, con requisitos para su inclusión. Para la mayoría de sus pares Uber es ilegal.
Aunque para el grueso de sus pares el desembarco de Uber es ilegal, Abelardo Losano -un concejal integrado a la bancada oficialista de Juntos por Córdoba- presentó un proyecto de ordenanza para crear un registro de conductores de aplicaciones móviles: en la práctica, un blanqueo de su actividad.
«Es de público conocimiento que la empresa Uber ha empezado a trabajar en nuestra ciudad. En su primer día de funcionamiento se concertaron más de 400 viajes a través de esta plataforma virtual que pacta viajes en automóvil, directamente entre el pasajero y el conductor. Consideramos que toda actividad que se desarrolle en nuestra ciudad, y que sea competencia directa del municipio, debe ser regulada y controlada por el mismo, estableciendo la normativa necesaria para proteger al vecino. Por esto propongo crear un Registro municipal de prestadores de servicio de transporte privado concertado mediante plataformas virtuales. Este registro no sólo identificará a los conductores de los vehículos, sino que también les exigirá una serie de requisitos para mayor seguridad de los pasajeros y vecinos en general», argumentó Losano.
Entre los requisitos que plantea se destacan que el vehículo afectado al servicio deberá tener toda la documentación en regla y el conductor deberá poseer una licencia clase D 1 (Transporte de pasajeros de hasta 8 plazas). Además deberá inscribirse en Afip y contratar un seguro para transporte de pasajeros. También deberá tributar el mismo arancel por el certificado de habilitación que los licenciatarios de taxis y remis. Por último, se les prohíbe a los conductores levantar pasajeros de la vía pública.
«En caso de verificarse alguna infracción a la presente ordenanza o si el conductor o el vehículo no cumplieran con alguno de los requisitos anteriormente enumerados, serán sancionados con multas que varían desde las 10 a las 300 UEM, según lo valore la autoridad competente», plantea Losano. Es decir, mientras avanza en la legalización, con condiciones, endurece las sanciones a la prestación por fuera de esta normativa.
«Creemos que el proyecto brega por la competencia leal con el subsistema de transporte de pasajeros de taxis y remis y les brinda la seguridad necesaria a los vecinos de la ciudad», dice Losano.
