La muerte de Samuel Tobares, ocurrida tras una violenta detención en Villa Parque Síquiman, volvió a encender las alarmas sobre el uso excesivo de la fuerza en operativos policiales en Córdoba. Dos agentes quedaron detenidos mientras avanza la investigación por presunto homicidio preterintencional.
Un hombre de 34 años falleció el domingo por la noche luego de ser brutalmente agredido por efectivos de la policía, tras un operativo en Villa Parque Síquiman, en el valle de Punilla, Córdoba. La víctima, identificada como Samuel Tobares, regresaba de trabajar en un hotel de Carlos Paz cuando fue interceptado por dos agentes que participaron de un control en la garita de colectivos donde él se encontraba.
Según testimonios de testigos, la agresión fue despiadada: describieron cómo los policías lo golpearon repetidamente, lo arrojaron contra el móvil, lo redujeron y mantuvieron “sentados arriba de él durante 15 o 20 minutos”. Algunos declararon que lo hostigaron con insultos mientras golpeaban al hombre “como a una bolsa de boxeo”. A pesar de recibir maniobras de reanimación, Tobares murió antes de llegar al hospital.
Los dos agentes quedaron detenidos de inmediato, acusados por homicidio preterintencional. La causa está a cargo del fiscal de turno, que además ordenó una investigación interna por uso excesivo de la fuerza. Se espera que los estudios complementarios —anatomopatológicos y toxicológicos— aporten claridad sobre la mecánica exacta del deceso.
El caso generó impacto y preocupación social en la comunidad de Punilla. Familiares, vecinos y vecinos relatan que Tobares vivía en condiciones humildes, trabajaba lejos de su casa, y era el sostén de su familia: por ello, piden justicia y que se investigue a fondo la actuación policial. Organismos de derechos humanos y organizaciones civiles ya se manifiestan en repudio al episodio, reclamando transparencia y sanciones ejemplares.
El crimen pone el foco nuevamente sobre el uso de la fuerza en los operativos policiales en Córdoba, y obliga a revisar los procedimientos de control y detención. Las autoridades deberán responder por lo ocurrido, en un contexto donde crece el reclamo social por un accionar institucional responsable y respetuoso de los derechos humanos.





