El camarista Mario Perrachione, de San Francisco, afirmó que no abonará las infracciones que figuran a su nombre en Santa Fe ya que las impugnó porque, según consideró, las fotomultas “son inconstitucionales e ilegítimas por ser ‘asistemáticas’” luego de queLa Voz publicó que el juez aparecía con una deuda.
La Voz informó que el juez figuraba como deudor de 27.443 pesos por infracciones en Córdoba y Santa Fe, según los registros oficiales y públicos de esos gobiernos, por ese motivo realizó su descargo.
“Me imagino que esas supuestas infracciones que se me atribuyen obedecen a fotomultas provenientes de la provincia de Santa Fe y de Buenos Aires, pues su existencia nunca me fue debidamente notificada. Y recién tomé conocimiento indirecto de ellas el año pasado, al momento de realizar la transferencia de mi vehículo; oportunidad en la cual el Registro Nacional de la Propiedad Automotor me informó de su existencia», dijo.
Qué dijo el juez
El magistrado señaló que «ante esta realidad opté por no abonar esas ‘multas’ e impugnarlas fundadamente el propio Registro (esta impugnación es una de las alternativas previstas en la ley)».
«El fundamento de mi impugnación se basa en que las fotomultas, denominadas también ‘multas fantasma’ (…) son inconstitucionales e ilegítimas por ser ‘asistemáticas’, puesto que es sabido que la multa derivada de una infracción de tránsito, por su naturaleza contravencional, debe fundarse en criterios de autoría, imputabilidad y culpabilidad».
«En consecuencia –según explicó–, cuando la autoridad administrativa termina aplicando la multa a la persona que figura como titular del vehículo que aparece en la foto, comete un acto ilegítimo y arbitrario, que debe ser sustituido por un procedimiento que debe comenzar con la confección de un acta, individualizando primero y notificando luego al infractor, para que este pueda hacer su descargo, ofrecer prueba e impugnar la resolución adversa».
«Esta exigencia –no cumplida en mi caso– es indispensable para garantizar en sede contravencional, el debido proceso legal. Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la jurisprudencia nacional estableció que las reglas del debido proceso son enteramente aplicables al procedimiento administrativo», señaló.
«En consecuencia, en mi calidad de juez y hombre de derecho, me encuentro ante el deber de no aceptar las fotomultas que se me atribuyen e impugnarlas enérgicamente, por ser una manifestación arbitraria e ilegítima de la voracidad fiscal, violatoria de los derechos y garantías individuales», agregó.
Son unos 110 funcionarios, incluido el máximo responsable del Ministerio Público, Alejandro Moyano, con una deuda de $ 22 mil. la Asociación de Magistrados, camaristas y dos fiscales que investigaron el caso Dalmasso.
Lo que se detectó
El 36 por ciento de los fiscales de Cámara (9 de 25) figura con deudas y el 34,2 por ciento de los fiscales de Instrucción, Civil, Laboral y de Familia, Correccional y de Menores (25 de 73) registran moras. En tanto, el 21,2 por ciento de los jueces de primera instancia (35 de 165) y 25 por ciento de los camaristas (40 de 160) también presentan deudas.
La mayoría de la deuda total es por infracciones en Santa Fe ($ 827.761, al 12/11). Le siguen las deudas con la Policía Caminera ($ 196.745), el Gobierno bonaerense ($ 168.746) y el Gobierno porteño ($ 88.714).

Los números obtenidos por La Voz surgen de los portales del municipio capitalino, de Rentas de la Provincia, de la Policía Caminera y de los gobiernos de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe, a partir de la revisión de cientos de DNI y patentes de los funcionarios judiciales.
El universo analizado no excluye la posibilidad de que existan más casos no rastreables de manera pública. Asimismo, se excluyeron del análisis a 24 funcionarios cuyos datos personales no pudieron ser confirmados, y a 245 jueces de paz.
El 36% de los fiscales de Cámara (9 de 25) aparece con deudas y el 34,2% de los fiscales de Instrucción, Civil, Laboral y de Familia, Correccional y de Menores (25 de 73) registran moras. En tanto, el 21,2% de los jueces de primera instancia (35 de 165) y 25% de los camaristas (40 de 160) también presentan deudas.
La mayoría de la deuda total es por infracciones en Santa Fe ($ 827.761, al 12/11). Le siguen las deudas con la Policía Caminera ($196.745), el gobierno bonaerense ($ 168.746) y el gobierno porteño ($ 88.714).
Las multas más frecuentes labradas a los funcionarios por la Caminera cordobesa fueron por exceso de velocidad y por no encender las luces de los vehículos. En Santa Fe y en Buenos Aires, las infracciones fueron, en general, por no respetar los límites de velocidad.




