Los funcionarios acusados de responder al chavismo lo citaron otra vez para el martes. Se lo acusa de “forjamiento de documento público” por denunciar fraude. Podría ser condenado hasta 30 años de prisión.
Después de que Nicolás Maduro amenazara con encarcelarlo, el opositor venezolano Edmundo González Urrutia faltó este lunes a una comparecencia ante la fiscalía. El ministerio público volvió a citarlo para el martes en medio de una investigación penal en su contra tras denunciar fraude en las elecciones presidenciales del 28 de julio.
González Urrutia, en la clandestinidad desde hace tres semanas, reivindica su victoria en los comicios en los que Maduro fue proclamado para un tercer mandato consecutivo con el 52% de los votos.
“Citado por segunda vez Edmundo González para que asista este martes al Ministerio Público”, dijo el fiscal Tarek William Saab, fuertemente alineado con el chavismo.
González Urrutia es investigado por la presunta comisión de delitos como “usurpación de funciones” y “forjamiento (invención) de documento público”. El abogado Joel García, que defiende a opositores encarcelados, advirtió que “por todo ese catálogo de delitos, la pena pudiese llegar a 30 años”, la máxima en el país.
El excandidato presidencial de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) calificó el domingo a Saab de “acusador político”.
“Condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso”, comentó en un video en redes sociales.
“El Ministerio Público pretende someterme a una entrevista sin que se precise en qué condición se espera que comparezca (imputado, testigo o experto según la ley venezolana) y precalificando delitos no cometidos”, continuó.
González apareció por última vez en público dos días después de los comicios, en una manifestación opositora en Caracas. Desde entonces, se limita a pronunciamientos vía internet.
Saab lo responsabiliza, junto a la dirigente opositora María Corina Machado, por hechos de violencia en protestas poselectorales que dejaron 27 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2400 detenidos.
Si un imputado deja de comparecer, la fiscalía podría solicitar a un tribunal una orden de arresto.
