El Gobierno lanzó el programa «Registradas» (Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social)», una iniciativa que promueve la reducción de la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares-comúnmente llamadas empleadas domésticas- y garantiza su acceso y permanencia a un empleo registrado.
El anuncio estuvo encabezado por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el presidente del Banco Nación, Eduardo Hecker, y la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pont, según informó Presidencia.
El Programa Registradas (cuya inscripción permanecerá abierta durante octubre, noviembre y diciembre) consiste en la transferencia por parte del Estado nacional de una suma por mes equivalente al 50 o 30 % de la remuneración neta mensual declarada por el empleador al momento de la inscripción al programa.
Será por un monto de hasta 15.000 pesos, y tendrá una vigencia de seis meses desde el momento del alta de la trabajadora. En este marco, dialogamos con la Secretaria del Sindicato del Personal de Casas de Familia, María Bertea, quién habló sobre la temática y brindó detalles de la misma.
«Nosotros sostenemos que el no tener a las personas registradas es un tema cultural y que le niegan los derechos a las empleadas de casa de familia porque no se la considera como tal, como cualquier otra persona que trabaja en otro rubro», manifestó Bertea.
Siguiendo en esa línea, y haciendo referencia a la situación laboral, comentó que la registración precarizada existe más en la empleada que trabaja por hora. «Es importante aclarar que la empleada de casa de familia puede trabajar en 20 domicilios si quiere y en esos 20 individualmente la pueden registrar», remarcó.
Asimismo, en crítica a algunos puntos de este programa, la secretaria cerró: «No podemos premiar a alguien para que cumpla la ley, pero esperamos que este programa valga la pena y que todas las empleadas de casa de familia puedan estar registradas, teniendo sus beneficios».
Sobre su implementación – Bases y condiciones
Para poder acceder a la política, la parte empleadora deberá percibir ingresos mensuales inferiores al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, y será la responsable de afrontar el porcentaje restante del sueldo, los aportes, las contribuciones y de la cuota de la ART de la trabajadora inscripta o del trabajador inscripto.
En el caso de la trabajadora deberá trabajar como mínimo 12 horas semanales, podrá estar inscripta únicamente bajo la nómina de un empleador o empleadora. Además, al acceder al Programa podrá continuar siendo beneficiaria de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación Universal por Embarazo, la Tarjeta Alimentar, el Plan Progresar, y de Potenciar Trabajo, entre otras políticas.
La medida se aplicará a aquellas relaciones laborales nuevas con personal de casas particulares, y el empleador o empleadora deberá mantener el puesto de trabajo los cuatro meses posteriores a la finalización del beneficio.
Cuando el empleador o empleadora dé el alta a la nueva trabajadora en la AFIP, el Estado creará una cuenta sueldo en el Banco de la Nación Argentina para ella y transferirá allí, de manera mensual, un porcentaje del salario neto declarado (30 o 50 por ciento según corresponda), por un monto de hasta 15.000 mensuales.
El porcentaje del sueldo que paga el Estado dependerá del ingreso mensual de las y los empleadores. Será un 50 % de la remuneración neta mensual mínima cuando la parte empleadora tengan un ingreso bruto mensual inferior al 70 % del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias (que actualmente es de 117.374)
En cambio, será de un 30 %, cuando la parte empleadora cuente con un ingreso bruto mensual que esté comprendido entre el 70 y el 100 % del mínimo no imponible. Además, para poder solicitarlo, durante los 12 meses anteriores a la entrada en vigencia del decreto, el empleador o empleadora debe haber percibido en promedio mensual ingresos brutos de cualquier naturaleza iguales o inferiores al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, es decir 175 mil pesos.