La Libertad Avanza buscará avanzar con el dictamen en Diputados, mientras negocia modificaciones sobre las sanciones a empresas vinculadas con proyectos hidrocarburíferos en las islas y el control parlamentario del Consejo de Seguridad. También prevé excluir expresamente a periodistas, investigadores académicos y diplomáticos de uno de los artículos.
El Gobierno nacional busca introducir cambios en el proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional sobre las Islas Malvinas para acercar posiciones con los bloques aliados y responder a las observaciones formuladas por Estados Unidos. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, será tratada este martes a las 16 en un plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados.
El oficialismo pretende conseguir las firmas necesarias para avanzar con el dictamen, aunque las negociaciones todavía no están cerradas. La diputada libertaria Silvana Giudici coordina las conversaciones con los sectores dialoguistas para consensuar modificaciones antes de la reunión.
El debate está encabezado por Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, titulares de las tres comisiones involucradas. Desde el oficialismo sostienen que el tratamiento continúa activo y que trabajan para alcanzar un acuerdo que permita avanzar con la propuesta.
Argentina Federal anticipó objeciones al proyecto
Uno de los principales desafíos para La Libertad Avanza será conseguir el respaldo de Argentina Federal, el bloque conducido por Oscar Herrera Ahuad, que mantiene vínculos con los gobernadores de Misiones y Salta.
El diputado misionero Alberto Arrúa, integrante de esa bancada, adelantó que votará en contra de la iniciativa. Según planteó, el texto no se limita a proteger los recursos argentinos vinculados con Malvinas, sino que también introduce modificaciones en normas de defensa, seguridad interior e inteligencia.
Arrúa cuestionó que la discusión sobre la soberanía de las islas se combine con reformas que, a su entender, deberían tratarse por separado. También advirtió sobre las penas de prisión de cinco a doce años previstas en la versión debatida para determinadas conductas vinculadas con la alteración de procesos electorales y las campañas de desinformación.
La reunión de comisión será clave para determinar si el oficialismo consigue un dictamen de mayoría. Si no reúne las firmas necesarias, podría convocarse a un nuevo plenario.
El asesor presidencial Santiago Caputo defendió la importancia que el Gobierno le asigna al proyecto y sostuvo que forma parte de su estrategia sobre la cuestión Malvinas.
Caputo afirmó que la causa es una prioridad para la administración de Milei y aseguró que el oficialismo cuenta con el respaldo de gobernadores y de bloques aliados, tanto en Diputados como en el Senado.
Sin embargo, el Gobierno debe resolver los cuestionamientos de distintos sectores parlamentarios y las observaciones de Estados Unidos sobre las consecuencias que podrían tener las sanciones previstas en el texto.
Los cambios que se analizan tras los planteos de Estados Unidos
Las modificaciones comenzaron a discutirse después de las reuniones que mantuvieron Milei y el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, en la Casa Rosada. Durante esos encuentros, la administración norteamericana advirtió sobre el posible impacto de las sanciones contempladas en el primer capítulo del proyecto sobre empresas de ese país.
El apartado apunta contra compañías vinculadas con el proyecto de explotación hidrocarburífera Sea Lion, ubicado en la Cuenca Malvinas e impulsado por la británica Rockhopper y la israelí Navitas. También alcanza a empresas asociadas con ellas en otros emprendimientos.
Entre los cambios en análisis figura una delimitación de las sanciones para las compañías que sean operadoras directas, licenciatarias, proveedoras o accionistas de proyectos considerados ilegales por el Estado argentino.
Con esta modificación, el oficialismo buscaría contemplar las objeciones estadounidenses, en una negociación en la que también tuvo participación el embajador de ese país, Peter Lamelas.
El Consejo de Seguridad y el control parlamentario
Otro de los puntos cuestionados es el alcance de las facultades que el proyecto otorga al Consejo de Seguridad, organismo que podría aceptar o rechazar inversiones de Estados y empresas con capitales extranjeros.
Durante el debate surgieron objeciones sobre el margen de interpretación y aplicación que tendría ese organismo, integrado por representantes del Poder Ejecutivo.
Ante esos planteos, la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, informó que el Gobierno aceptó incorporar una Comisión Bicameral para supervisar las decisiones del Consejo. La propuesta había sido impulsada por el diputado aliado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).
Según el cambio anunciado, el Poder Ejecutivo deberá informar a la comisión, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el organismo.
Además, el oficialismo prevé modificar el artículo 111, referido a las sanciones por injerencia extranjera en procesos electorales y campañas de desinformación. La nueva redacción excluiría expresamente a periodistas, investigadores académicos y representantes de la actividad diplomática, en respuesta a los planteos de sectores aliados, como la Unión Cívica Radical, y de legisladores de Unión por la Patria, entre ellos Agustina Propato.
Desde Unión por la Patria, el diputado y excanciller Jorge Taiana criticó la política exterior del Gobierno y su relación con la administración de Donald Trump.
Taiana sostuvo que Estados Unidos mantiene una posición de neutralidad respecto del reclamo argentino de soberanía sobre las islas y cuestionó el alineamiento internacional de Milei. Sus declaraciones se sumaron a las críticas sobre el alcance del proyecto y los cambios que impulsa el oficialismo para conseguir respaldo parlamentario.
La vicepresidenta Victoria Villarruel también se refirió al debate a través de las redes sociales. Ante una consulta sobre el estado del tratamiento legislativo, respondió: “Por eso los verdaderamente patriotas y malvineros hicimos silencio. Res non verba”, una expresión en latín que significa “cosas, no palabras”.
Villarruel mantiene publicado en su cuenta de X un mensaje en el que plantea que la recuperación de las islas debe abordarse mediante el diálogo bilateral sobre soberanía y destaca la importancia de los intereses argentinos en el Atlántico Sur.
En paralelo, el Senado nacional, a través de la Dirección Gesta de Malvinas, dependiente de la vicepresidenta, continúa con actividades de homenaje a los veteranos de la guerra.
Con las modificaciones todavía en negociación, el plenario de Diputados será una instancia determinante para el futuro del proyecto. La Libertad Avanza buscará reunir las firmas para avanzar hacia el recinto, mientras intenta compatibilizar los reclamos de sus aliados con las observaciones formuladas por Estados Unidos.





