Un plenario de comisiones retomará el debate para avanzar con la iniciativa, que cuenta con dos proyectos y diferencias sobre la adhesión de las provincias y las posibles sanciones. Patricia Bullrich también pidió incorporar medidas vinculadas con la salida del país y la cooperación internacional.
El Senado de la Nación busca alcanzar un acuerdo para crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, una herramienta destinada a reunir información sobre quienes incumplen con el pago de las obligaciones alimentarias. El tema volvió a debatirse en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Población, que pasó a un cuarto intermedio hasta este miércoles.
La discusión se centra en dos proyectos presentados por el senador peronista Pablo Bensusán, de La Pampa, y la senadora Edith Terenzi, de Chubut, vinculada al radicalismo. El oficialismo libertario, representado en la Cámara alta por Patricia Bullrich, planteó modificaciones y abrió la posibilidad de acompañar una de las propuestas.
Las diferencias entre los proyectos
La iniciativa de Bensusán propone que el registro funcione dentro del Ministerio de Justicia de la Nación, sin crear un nuevo organismo. La base de datos se conformaría con información enviada por las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que adhieran al sistema.
El senador explicó que cada jurisdicción conservaría sus propios requisitos para incorporar a una persona al registro. Actualmente, las condiciones varían entre provincias, según la cantidad de cuotas alimentarias impagas que se exigen para disponer la inscripción.
Además, su proyecto contempla sanciones de alcance nacional para los deudores, como la exigencia de acreditar que no registran deuda alimentaria para realizar determinados trámites, obtener concesiones o permisos nacionales. También incluye la posibilidad de prohibirles la asistencia a espectáculos públicos.
Por su parte, Terenzi propone que la ley sea de orden público, con el objetivo de evitar que la adhesión de las provincias sea voluntaria. Según sostuvo, si algunas jurisdicciones participan y otras no, el registro podría quedar incompleto y perder efectividad.
La senadora también planteó centralizar la información sin invadir las competencias provinciales. A diferencia de la propuesta de Bensusán, su texto no establece prohibiciones ni consecuencias adicionales por figurar en el registro, al considerar que las sanciones deben mantenerse dentro de cada jurisdicción.
Los pedidos de Patricia Bullrich
Durante el debate, Bullrich reclamó incorporar herramientas de cooperación internacional para localizar a deudores alimentarios que se encuentren fuera del país. Entre las alternativas mencionó analizar la posibilidad de recurrir a mecanismos de Interpol.
La funcionaria también pidió delimitar con precisión las restricciones vinculadas con la salida de la Argentina. En ese sentido, remarcó que la autoridad migratoria no puede impedir que un ciudadano cruce la frontera sin una orden judicial.
Además, señaló que ya existen antecedentes de registros nacionales vinculados con restricciones para asistir a espectáculos deportivos y de otro tipo. Por eso, propuso analizar qué actividades podrían limitarse y cuáles deberían quedar fuera de las medidas previstas.
El plenario intentará acercar posiciones para avanzar con un dictamen que permita continuar el tratamiento legislativo. Las diferencias principales pasan por el carácter obligatorio o voluntario de la adhesión provincial y por el alcance de las sanciones que podrían aplicarse a quienes incumplan sus obligaciones alimentarias.
La iniciativa forma parte de una agenda más amplia del Senado, que también incluye otros proyectos pendientes de definición. Sin embargo, por el momento, el consenso sobre el registro de deudores alimentarios será clave para determinar si la propuesta puede avanzar en el Congreso.
