El Presupuesto 2027 contempla por primera vez una partida específica para hacer frente a sentencias firmes surgidas de fallos del CIADI y otros tribunales arbitrales. Hay cuatro casos con laudos definitivos y otros siete que continúan pendientes.
El Gobierno nacional incluyó en el Presupuesto 2027 una partida de US$1.100 millones destinada a afrontar el pago de sentencias firmes derivadas de decisiones de tribunales arbitrales internacionales, entre ellos el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo vinculado al Banco Mundial.
La decisión tomó mayor relevancia luego de que la Justicia de Estados Unidos ratificara el laudo del CIADI por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Un tribunal del distrito de Columbia habilitó al fondo Titan Consortium a buscar activos argentinos en el exterior y solicitar embargos para cobrar una sentencia superior a US$390 millones más intereses.
El proceso todavía puede tener nuevas instancias judiciales, ya que la Argentina tiene la posibilidad de apelar la decisión y presentar medidas para intentar revertirla.
Los cuatro casos con laudos definitivos
Actualmente existen cuatro casos con laudos del CIADI en contra de la Argentina que se encuentran en distintas etapas de sus respectivos procesos judiciales.
Uno de ellos es el de Titan Consortium por Aerolíneas Argentinas, con una condena de más de US$390 millones.
Otro corresponde a Webuild, empresa italiana que reclamó por la pesificación de contratos vinculados al proyecto de conexión vial del puente Rosario-Victoria. El CIADI habilitó un reclamo por US$123 millones, aunque la Argentina mantiene un pedido de anulación del laudo ante el organismo.
También aparece Saur International, empresa francesa que reclama US$72 millones por la rescisión de la concesión de Obras Sanitarias Mendoza y busca que la Justicia estadounidense reconozca el laudo.
El cuarto caso es el de AES Corporation, compañía energética estadounidense que obtuvo un laudo por US$716 millones relacionado con la pesificación de contratos de la represa de Alicurá. En agosto de 2025 inició acciones ante la Justicia de Estados Unidos para obtener el reconocimiento del fallo, mientras el pedido de anulación continúa en el CIADI.
Qué implica un fallo del CIADI
Aunque exista un laudo adverso, su ejecución no es automática. Los beneficiarios deben acudir a los tribunales para conseguir el reconocimiento como acreedores y obtener una orden que permita avanzar con el cobro, incluso mediante embargos si el país no paga.
Por ese motivo, existen condenas emitidas por el CIADI hace varios años que todavía figuran como pendientes de resolución o ejecución.
Argentina es uno de los países que más demandas internacionales recibió ante este organismo. Desde 1997 acumuló 65 demandas, muchas de ellas iniciadas después de la crisis de 2001 y la salida de la convertibilidad.
Según los datos mencionados en el informe, el país perdió el 86% de los casos resueltos y enfrenta laudos adversos por más de US$10.046 millones.
Siete casos que continúan pendientes
Además de los procesos con laudos definitivos, actualmente hay siete casos contra la Argentina que figuran como pendientes ante el CIADI.
El más reciente es el iniciado por Petersen y Eton Park, fondos representados por Burford Capital, por la expropiación de YPF. La demanda fue presentada el 15 de septiembre, luego de que una Cámara de Estados Unidos fallara a favor de la Argentina y dejara sin efecto una condena de primera instancia por US$16.000 millones.
El CIADI aceptó el caso y ahora comenzará un plazo de 90 días para conformar el tribunal arbitral. El proceso será mayormente confidencial hasta que exista un laudo.
Entre los demás expedientes pendientes se encuentra nuevamente Webuild, cuyo proceso de anulación continúa en trámite. También aparece Abertis, que reclama en distintos expedientes por la situación de las concesiones de autopistas y que en total pugna por unos US$375 millones.
A esa lista se suma IJM Corporation, otro accionista del Acceso Oeste, con un reclamo de US$51 millones por el congelamiento de tarifas.
También está el caso de BA Desarrollos, que reclama más de US$58 millones por terrenos correspondientes al proyecto Catalinas Norte II.
Finalmente, tres aseguradoras de Países Bajos y Orígenes AFJP mantienen un reclamo iniciado en 2019 por la eliminación del régimen de capitalización y su incorporación al sistema de reparto. En este caso, la demanda asciende a US$157 millones.
La inclusión de la partida en el Presupuesto 2027 refleja así la necesidad del Gobierno de contemplar el impacto económico de los litigios internacionales que Argentina todavía mantiene abiertos y de aquellos que ya cuentan con decisiones adversas.
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