Profesionales de la construcción reclaman revisar las tasas de financiación de deudas, restablecer la compensación de aportes y garantizar la participación de los afiliados. La manifestación se realiza en medio de una intervención judicial y una investigación por presuntas irregularidades en la administración de la entidad.
Arquitectos, ingenieros, agrimensores, agrónomos y otros profesionales vinculados con la construcción se manifestaron este jueves frente a la sede de la Caja de Previsión Ley 8470, ubicada en avenida Figueroa Alcorta 261, en la ciudad de Córdoba.
Los matriculados denuncian una crisis económica e institucional, además de cuestionar la representatividad de la entidad previsional. La protesta se desarrolla luego de que la Justicia ordenara la detención de cinco personas en el marco de una investigación por presuntas irregularidades administrativas, entre ellas los presidentes de los colegios profesionales de Arquitectos e Ingenieros Especialistas.
Los reclamos por los aportes y las deudas
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la Resolución 16.980, vigente desde el 15 de octubre, que eliminó el sistema de compensación de excedentes de aportes. Este mecanismo permitía utilizar saldos a favor para cubrir otras obligaciones previsionales.
Los colegios profesionales solicitaron revisar la medida al considerar que modifica las condiciones con las que numerosos afiliados organizaban el pago de sus obligaciones.
También cuestionan los nuevos planes de regularización de deudas, que, según el comunicado de los convocantes, contemplan tasas nominales anuales de hasta el 45%, anticipos de entre el 10% y el 50%, aranceles administrativos y seguros de vida sobre el saldo adeudado.
Los impulsores de la protesta advierten que estas condiciones podrían agravar las dificultades económicas de los profesionales y complicar el cumplimiento de sus aportes.
Cuestionamientos a la intervención judicial
Otro de los puntos de conflicto está relacionado con la auditoría impulsada por el interventor judicial, el contador Pablo Andrés Artino.
Los profesionales denuncian que la plataforma de autogestión de la Caja restringe determinadas operaciones a quienes no completen una declaración jurada con información sobre su facturación profesional declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), desde mayo de 2024.
Según el petitorio, este requisito condiciona la realización de trámites y la visación de documentación profesional. Por ese motivo, reclaman que se elimine la exigencia y se restablezca el acceso normal al sistema.
La intervención fue dispuesta por el Juzgado de Control y Faltas N.º 7 de Córdoba por un período de seis meses, bajo la modalidad de coadministración con las autoridades de la entidad. Entre las funciones del interventor se encuentran el control de legalidad de los actos administrativos y la auditoría de la situación económica y financiera de la institución.
Detenciones y crisis de representación
La manifestación también está vinculada con la investigación que lleva adelante el fiscal de Casos Complejos Enrique Gavier, en una causa por presunta defraudación y administración fraudulenta.
Entre los detenidos se encuentran Nicolás Paulín, presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, e Inti Manuel Smith, titular del Colegio de Ingenieros Especialistas, además de otras tres personas.
La investigación busca determinar posibles irregularidades en la administración de los aportes previsionales y en la declaración de obras de construcción públicas y privadas. Las detenciones se ordenaron en el marco de una causa que también investiga presuntas maniobras para entorpecer la investigación.
El derecho a votar y el pedido de asambleas
El petitorio presentado por los profesionales incluye reclamos vinculados con la participación de los afiliados en las decisiones de la Caja.
Los manifestantes cuestionan que quienes mantienen deudas previsionales pierdan la posibilidad de votar en las asambleas y señalan restricciones para convocar reuniones ordinarias o extraordinarias por iniciativa de los matriculados.
Por eso, solicitan garantizar el derecho a voto de los afiliados y habilitar espacios de debate para discutir el funcionamiento y el futuro de la entidad previsional.
