El cierre del Registro de la Propiedad del Automotor con competencia en motos de San Francisco generó una situación crítica que afecta no solo a los mandatarios del automotor, sino a una amplia red de actores y ciudadanos.
Así lo expresó Diego Agosti, mandatario del automotor y productor de seguros, quien alertó sobre las consecuencias de esta paralización administrativa. “En la ciudad y la región, lamentablemente, tenemos un registro que cerró sus puertas”.
El cierre, según explicó Agosti, no fue producto de una decisión política del Estado Nacional, sino de una renuncia voluntaria del encargado del registro.
“El tema del cierre fue una decisión propia del registro, no hubo intervención del Estado. Estábamos esperando que se intervenga porque ese es el proceso que tiene que seguir para su apertura nuevamente”, sostuvo.
El impacto es masivo. El proceso de intervención aún no tiene fecha, y los efectos ya se sienten con fuerza en todo el circuito automotor de San Francisco y localidades vecinas como Devoto, Luxardo, Quebracho Herrado, Colonia San Bartolomé y Saturnino María Laspiur.
“No solamente nos afecta a los mandatarios: a los particulares, a los abogados, a los martilleros, a los productores de seguros también nos está afectando. Todo lo que tenga que ver con un motovehículo tarde o temprano nos lleva sí o sí a ese legajo, a ese registro”, detalló Agosti.
Uno de los problemas más urgentes es la imposibilidad de realizar transferencias, incluso si se intentan iniciar trámites digitalmente. “Los trámites se pueden iniciar digitalmente, pero terminan en un registro que hoy está cerrado. No hay procesamiento. Todo quedó en stand-by”, explicó.
En ese sentido, aclaró que si bien algunos creen que el proceso es 100% digital, la gestión sigue dependiendo del soporte físico: “La gente cree que ya cargó todo y puede circular, pero eso no se concreta hasta que no se materializa en el registro. Hoy eso no es posible”.
El mercado de motos usadas está prácticamente frenado. En tanto, la venta de motos cero kilómetro sí encuentra alternativas, ya que se puede elegir libremente el registro de radicación.
“El tema de transferencia está cerrado a cero. Es imposible transferir una moto que está radicada en este registro que cerró. Hay una imposibilidad absoluta”, enfatizó.
Pero la desesperación por vender ante una necesidad económica está derivando en prácticas riesgosas: entregar motos sin transferencia formal. “La necesidad lleva a cometer el gravísimo error de decir ‘llevate la moto, usala tranquilo’”, advirtió. Y fue contundente: “La responsabilidad civil del titular registral no se transfiere con un boleto de compra-venta. Es imposible sacarse esa responsabilidad de encima”.
Ante este escenario, Agosti recomienda autorizar al comprador a circular mediante la Cédula Azul digital desde la app Mi Argentina, y en paralelo, contratar un seguro de responsabilidad civil a nombre del usuario. “No es costoso, estamos hablando de $8.000 o $9.000. Es menos de lo que se gasta un fin de semana, pero puede salvar tu patrimonio”.
También instó a los ciudadanos a tener paciencia, pero sobre todo a no usar motos sin documentación completa, ya que los controles municipales siguen vigentes
“El municipio está secuestrando vehículos por no tener documentación, y el usuario no puede obtenerla. Estamos todos atados de pies y manos”, remarcó.
A quienes perdieron una chapa patente, recomendó no circular y realizar cuanto antes la denuncia de extravío. “Duele no usar la moto, pero duele más que te la secuestren y que el valor de recuperación supere el del propio vehículo”.
El camino para la reapertura del registro es claro: el Estado Nacional debe nombrar un interventor. “Cuando haya interventor, el registro no va a funcionar a pleno. Tiene que hacer inventario, reorganizarse. Pero por lo menos comenzará a andar”, explicó.
Agosti también cuestionó el manejo nacional del proceso:
“Para mí fue una decisión mal manejada desde el gobierno nacional. El cierre del registro no se da de un día al otro. Se avisa con mucho tiempo de anticipación y el aviso llegó a una caja vacía. Hay desinterés”.
Y aunque desde Buenos Aires se impulsan políticas de digitalización, advirtió: “Si se quisiera digitalizar, no se cerraría un registro. Hoy estamos dependiendo de papeles que no están accesibles. No hay nada digitalizado al 100%”.
Más allá de lo registral, la situación también tiene consecuencias legales. “Los abogados no pueden reinscribir embargos, ni contratos de prenda. Las ejecuciones están paradas”, comentó. Además, la falta de claridad impositiva agrava el panorama: “Ahora hay que hacer trámites por separado en Rentas y en la Municipalidad. Lo que parecía bajar costos, en realidad los aumentó”.
También se refirió a la situación de las licencias de conducir prorrogadas por decreto municipal: “Mientras el decreto esté vigente, el seguro debería cubrir. Pero apenas se levante el paro o haya conciliación obligatoria, ese decreto caduca y la licencia queda vencida. Hay que estar atentos”.
El cierre del registro puso en jaque a múltiples sectores:
“Nos encontramos todos los que trabajamos con esto —mandatarios, abogados, vendedores, aseguradores— y dijimos: estamos todos enredados en lo mismo. A veces encontramos soluciones, y a veces no”, confesó.
Finalmente, dejó un mensaje claro para la comunidad: “Todo tiene solución, pero tiene un costo económico. El problema es que, mientras tanto, se nos están amontonando los trámites, caducan firmas, se pierden turnos, y eso complica mucho”.
“Hoy en día, cuando vos decís ‘no pasa nada’, lamentablemente pasa todo. Y cuando querés volver el tiempo atrás, ya es tarde”, concluyó.
https://youtu.be/C3JD5H8vEdk
