La Legislatura de Córdoba comenzará a debatir la adecuación del régimen penal juvenil a la nueva normativa nacional, que establece en 14 años la edad de imputabilidad. Brenda Austin destacó el trabajo técnico realizado y reclamó recursos para la contención, medidas socioeducativas y mayores garantías para las víctimas.
La Legislatura de Córdoba se prepara para comenzar este miércoles el debate para adecuar el régimen penal juvenil provincial a la nueva ley nacional que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
El inicio formal del proceso fue confirmado por el oficialista Juan Manuel Lamosas, titular de la Comisión de Seguridad de la Legislatura.
La legisladora radical Brenda Austin destacó el trabajo realizado para elaborar el primer borrador del proyecto y remarcó que se trató de un proceso con participación de especialistas de distintos sectores.
“El primer borrador que esta comisión envió a la Legislatura fue un trabajo muy intenso, muy técnico, con el aporte de especialistas de todos los sectores”, señaló Austin.
El objetivo del proyecto es adaptar la legislación provincial a los cambios establecidos a nivel nacional, pero manteniendo las particularidades del sistema penal juvenil de Córdoba.
Reclaman recursos para la implementación
Austin advirtió que la aplicación de la nueva normativa requerirá una estructura adecuada y recursos específicos para garantizar su funcionamiento.
“Estamos hablando de recursos que se necesitan para habilitar espacios adecuados, no para castigar, sino para contener y generar la posibilidad del retorno a la sociedad de chicos que entran en conflicto con la ley penal a esa edad”, explicó.
En ese sentido, la legisladora sostuvo que la discusión no debe centrarse únicamente en la posibilidad de aplicar medidas restrictivas de la libertad, sino también en generar herramientas que permitan trabajar sobre la reinserción social de los adolescentes.
Por ese motivo, destacó la importancia de implementar medidas socioeducativas, destinadas a acompañar a los jóvenes que entren en conflicto con la ley penal.
“Esto supone un conjunto de recursos, desde condiciones adecuadas de los establecimientos donde se van a realizar estas eventuales detenciones”, agregó.
También buscan fortalecer los derechos de las víctimas
Otro de los puntos planteados por Austin está relacionado con las garantías y derechos de las víctimas.
La legisladora recordó que se trata de una cuestión que había quedado pendiente durante el debate de la denominada ley Joaquín y planteó la necesidad de incorporar esa perspectiva en la nueva normativa.
“Es un compromiso que traemos del debate de la ley Joaquín, que había quedado pendiente: mejorar las garantías de las víctimas”, afirmó.
Austin manifestó además su expectativa de alcanzar un acuerdo político que permita garantizar los recursos necesarios para que el nuevo régimen pueda aplicarse de manera efectiva.
“Vamos a insistir mucho y vamos a controlar que tengan las herramientas los operadores en el territorio”, sostuvo.
Aunque señaló que los delitos cometidos por adolescentes representan una proporción relativamente baja, la legisladora consideró que la existencia de recursos especializados será fundamental para que la nueva legislación pueda cumplir con sus objetivos.
El debate que comienza en Córdoba buscará definir así cómo se implementará en la provincia el nuevo régimen penal juvenil, con especial atención a la contención, las medidas socioeducativas, la reinserción de los jóvenes y las garantías para las víctimas.
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